La Defensoría del Público, Farco y un sin número de medios comunitarios y cooperativos expresaron su malestar con la decisión del presidente Mauricio Macri de, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, eliminar los organismos reguladores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En un escrito recibido por el Gobierno Nacional, la Defensoría del Público solicitó al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y en el Decreto 236/2015, este último que declararó la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. El organismo solicita al Presidente de la Nación que se dejen sin efecto las medidas adoptadas y ajuste los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la Nota dirigida al Presidente, se informan las numerosas presentaciones individuales y colectivas recibidas por el organismo, preocupadas por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y el respeto de la institucionalidad plural por ella creada.
Señala la Nota: “Ambas medidas son contrarias a la Ley 26.522 y vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales y de transparencia en la gestión de gobierno (…) ninguna de las normas y estándares internacionales se respetan en los Decretos cuestionados, que además incumplen palmariamente la normativa local vigente. El resultado es una grave afectación de los derechos de quienes habitan la República Argentina, que en la Ley 26.522 son reconocidos y reconocidas como sujetos de derecho. Y es a esas audiencias a quienes la Defensoría del Público representa y quienes han solicitado que intervenga para resguardar sus derechos”.
Farco
La respuesta por parte del representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) en el COFECA, Néstor Busso, no tardó en llegar e informó que llevó a cabo un recurso de amparo y un pedido de medida cautelar ante la Justicia contra los decretos 13/2015 y 236/2015. A su vez, la Senadora Nacional y presidenta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tencologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, Liliana Fellner también hizo una presentación contra los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de creación del Ministerio de Comunicaciones, asignándole facultades de la AFSCA, y de intervención al propio organismo.
Medios comunitarios
Desde las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de comunicación rechazan “el nuevo avasallamiento institucional, político y legal perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la democracia”, indicaron en un comunicado conjunto.
“La medida se justificó en un curioso concepto formulado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el objetivo, sino la pluralidad”. Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los medios no es posible la democracia”.
“Las redes abajo firmantes, junto a innumerables organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva, sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y tratados internacionales”, señalaron.
“Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de decretos”.
“Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por sus propios medios”. Firman el comunicado: Redes de Medios Comunitarios, Cooperativos y Carreras de Comunicación. AMARC – Asociación Mundial de Radios Comunitarios. FARCO – Foro Argentino de Radios Comunitarias. RED COLMENA – Red de cooperativas de comunicación. RED COM – Red de Carreras de Comunicación. ARECIA – Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. RED PAC – Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias. FADICCRA – Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de Argentina. Barricada TV. Pares TV. Canal 4 TV. Urbana TV
Dypra
Ante el anuncio del Gobierno Nacional de modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y eliminar sus organismo de control y aplicación, la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual –Afsca-, los editores gráficos nucleados en Diarios y Periódicos Regionales Argentinos –Dypra- “consideramos un gravísimo retroceso institucional la derogación de una Ley de la Nación mediante un decreto de necesidad y urgencia, tal lo anunciado por las autoridades nacionales. El pueblo argentino se expresó en este año que termina y el veredicto de las urnas de los pasados 25 de octubre y 22 de noviembre, obliga a la construcción de consensos en las políticas centrales del país. Y la de comunicación constituye una de las principales.
Derogar mediante un decreto una de leyes más debatidas, consensuadas y que hasta fuera ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a contramano de la declamada búsqueda de diálogo, consenso y acuerdo entre los argentinos. Es el Congreso de la Nación –fiel expresión de la representación popular- el ámbito donde deben discutirse todas las modificaciones que ésta –y cualquier otra ley- pueda requerir. A propósito, si el Gobierno Nacional considera necesario actualizar aspectos de la norma y, tal lo anunciado, envía un proyecto de ley al Congreso, tanto en el debate como en las reformas a aplicar no pueden estar ausentes las consideraciones de los actores de la comunicación.
Entendemos a la información como un derecho de la comunidad, y por lo tanto, legislar al respecto exige la más amplia participación del conjunto de la sociedad argentina a través de sus múltiples expresiones. Es por eso que llamamos a la más amplia convergencia de todas las entidades del sector de las comunicaciones, las universidades nacionales y los organismos vinculantes a garantizar este derecho ciudadano y el pleno funcionamiento de las instituciones de la democracia”, señalan desde Dypra.
