Magistrados chaqueños llevaron el reclamo al orden nacional

Magistrados chaqueños llevaron el reclamo al orden nacional

Fue ante la 97º Asamblea Extraordinaria de la Federación de Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM) que se realizó el pasado 18 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluyó el tema referente al juicio conocido como el 113, por el que se adeuda a empleados, funcionarios y magistrados “sumas importantes después de 24 años de litigio”, que obtuvieron varias sentencias favorables, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayor fue el énfasis puesto en las actuales remuneraciones, a las que se sumaron varias provincias más como Santiago del Estero y Jujuy entre otras.

Los encargados de llevar estas premisas fueron el presidente y secretario general de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco. “En la Asamblea se acordó acompañar a estas provincias  y además trabajar en conjunto para obtener remuneraciones iguales por iguales tareas en toda la Nación. El Chaco también expuso sobre su amparo en este sentido que si bien tuvo acogida favorable del STJ, después de varios años hoy se encuentra ya casi dos años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación esperando lo que se considera el último pronunciamiento. Por unanimidad el cuerpo votó que el presidente de la Asociación chaqueña, Gustavo Serrano, integre la Comisión que se reunirá con la Corte Suprema y el ministro de Gobierno de la Nación para tratar exclusivamente el tema salarial”.

 

LA DECLARACIÓN DE LA FAM

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, en Asamblea Extraordinaria celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 19 y 20 de mayo, con la asistencia de los representantes de las provincias de: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego del debate sobre los temas de la convocatoria,

 

DECLARA:

  1. La FAM reitera que se mantienen las asimetrías en las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de algunas provincias como las de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, La Rioja, Misiones, San Luis y Santiago del Estero, situación que no sólo atenta contra los principios constitucionales estatuidos para garantizar la debida prestación del servicio de justicia en la Nación toda, sino que establece diferencias entre los justiciables de las distintas regiones del país, inconciliables con el principio constitucional de igualdad, por lo que se exhorta a los Poderes Públicos de dichas jurisdicciones a respetar, como piso mínimo, la media nacional. Resulta positivo que se esté instalando en distintos foros de discusión el proyecto de FAM que propone  la creación de un Fondo Compensador Nacional a fin de evitar estas distorsiones. Hasta tanto éste pueda ser puesto en vigencia deben adoptarse medidas urgentes para dar respuesta a las provincias más afectadas.

 

La FAM acompaña a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chaco en su legítima aspiración de que se ponga fin al litigio en el que se obtuvo sentencia favorable en las instancias anteriores, reconociendo el reclamo de equiparación salarial, radicado actualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

  1. Respecto de la provincia de Jujuy se ve con preocupación la reiteración de discursos y acciones mediáticas que generalizan imprudentemente un juicio adverso y sustancialmente injusto hacia el funcionamiento del Poder Judicial, sin reparar que tan indiscriminada referencia agravia a la inmensa mayoría de sus integrantes que ejercen -dentro de situaciones críticas y en un marco de carencias- con probidad, dedicación y esfuerzo su delicada tarea de administrar justicia.

 

  1. La F.A.M. exhorta a las provincias que aún mantienen como afiliados obligatorios a obras sociales del Estado a magistrados y miembros del ministerio público fiscal y pupilar, y a secretarios, a instrumentar las medidas necesarias para asegurar el derecho a la libre elección de una obra social.

 

Igualmente, para preservar el principio de intangibilidad de las remuneraciones se insta a las provincias que ya han reconocido el derecho a la desafiliación, a transferir los aportes que por ley corresponden, a la obra social elegida.

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