Con el dato de que las ventas minoristas acumularon 12 meses consecutivos a la baja, la organización de las medianas empresas expresaron su preocupación por la medida que reducirá las operaciones formales, e incentivará la venta ilegal.
Como resultado de la disposición que elimina la devolución del 5 por ciento del IVA en las compras abonadas con tarjeta de débito, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó su preocupación en un comunicado que advierte sobre los peligros de la decisión que golpea a un indicador que lleva 12 meses con resultados negativos.
El fin de la política de incentivo al consumo que regía desde el 2001, provocó la reacción de la cámara de medianos empresarios que registraron una baja interanual en las ventas minoristas, en un promedio del 7 por ciento entre 2015 y 2016.
La entidad presidida por Osvaldo Cornide advierte que “la medida desincentiva las operaciones formales”, y provoca además el aumento de las operaciones no registradas, y por lo tanto, de toda la actividad comercial ilegal.
“Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 5,4% en diciembre frente a igual mes de 2015, en un año donde la pérdida de poder adquisitivo de las familias y las altas tasas de inflación redujeron la demanda interna. Con ese resultado el año finalizó con una caída promedio de 7% en las ventas”, reflejó un informe publicado por CAME.
La explicación que brindaron desde el Ministerio de Hacienda se excusó en que dicha devolución quedó antigua “porque el mundo se movió hacia un formato de pagos electrónicos. No tiene sentido mantener un privilegio para tarjetas de débito”, según informó Ambito.com.
Luego de la resolución que prevé una devolución de IVA para turistas extranjeros y la política que beneficiaba a jubilados y beneficiaros de planes sociales, el Presidente instruyó a su flamante equipo económico para recrudecer el recorte en la devolución general.
¿La trampita? En su objetivo de bajar el déficit fiscal, la cartera de Nicolás Dujovne cuenta con un ítem en el Presupuesto Nacional para 2017 donde figura el costo fiscal del reintegro, por 7.500 millones de pesos. Es decir, la inversión del Estado en fomento de consumo planificada para este año que comienza tendrá un importante saldo sobrante, cuyo destino no fue informado de manera transparente.
Esta inversión en beneficio de los trabajadores -a la que el Gobierno insiste en llamar “gasto”- fue incrementando en los últimos años: 6.077 millones fueron presupuestados para 2016 y en 2015 habían sido 4.500 millones.
EL gobierno había prorrogado este beneficio hasta el 31 de diciembre y se esperaba una nueva prórroga que nunca llegó por lo que los ciudadanos tienen un beneficio menos y un incentivo menos para consumir por esta vía.
La medida estuvo vigente de manera ininterrumpida desde diciembre de 2001 y se complementaba con el retorno para los beneficiarios de planes sociales y jubilaciones que aprobó este mismo gobierno.
Este mecanismo era parte de la bancarización compulsiva que quiso imponer Domingo Cavallo. Los sucesivos gobiernos la prorrogaron como manera de fomentar las transacciones formales. El de Mauricio Macri no fue la excepción: el 28 de abril, publicó en el Boletín Oficial la extensión del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2016.
Pero los que esperaban una nueva prórroga tendrán que quedarse esperando. Salvo que el Gobierno corrija la “omisión” con otra resolución en los próximos días. Esto significa que los trabajadores ya no tendrán un reintegro a principio de cada mes por las compras que realizaron el mes pasado. Fuente Ámbito y Diario Registrado
