Debate por el desafuero: Ayala habló de “sospechas infundadas por parte del fiscal”

Debate por el desafuero: Ayala habló de “sospechas infundadas por parte del fiscal”

Sube estudiantil

Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora nacional Aída Ayala ejerció su descargo respecto del pedido de desafuero y detención que pesa sobre ella en el marco de la investigación Federal conocida como Lavado II; en la que se la imputa como jefa de una banda dedicada a lavar dinero del Estado a través del servicio de recolección de residuos.

Luego de presentar copias de su declaración jurada de bienes a los miembros de la comisión, Ayala describió su derrotero ante la Justicia Federal e hizo hincapié en dos objetivos consecuentes: desacreditar al fiscal Federal Patricio Sabadini como punta de lanza de lo que considera una maniobra del intendente Jorge Capitanich y el gobernador Domingo Peppo, para evitar que ella se presente en la contienda electoral del año próximo para la gobernación.

“Yo quiero darles la tranquilidad de que esto es falso de toda falsedad. Primero, no soy rica, ni lícita ni ilícitamente y eso se demuestra con una declaración jurada. Traje mi declaración jurada para entregarles a cada uno de ustedes que son mis pares y representantes del pueblo” dijo la ex intendenta de Resistencia. “No soy jefa de una banda. De una supuesta banda de empresarios que están hace mucho como proveedores del Estado”, señaló Ayala, aunque la empresa en cuestión no se haya dedicado al servicio antes del contrato y de hecho se le habría concedido tiempo para la adquisición de los camiones.

Pero el blanco en el que fija la mira tiene que ver con el proceso de licitación en el que terminó beneficiada Pimp SA. Aseveró ante los legisladores que es “falso, de toda falsedad, el llamado a licitación para una concesión de servicios. La concesión de servicios está prohibida por la Constitución provincial. Entonces, el fiscal confunde a la población con todo esto y afirma que hay una concesión de servicios públicos. Eso está hecho a derecho y esa contratación es el motivo de las sospechas infundadas por parte del fiscal y acusaciones que son totalmente escandalosas e inciertas”, remarcó.

Y en ese relato, Ayala expone su argumentación contra el fiscal ligando al intendente actual de Resistencia Jorge Capitanich. “La verdad que ese contrato sigue en vigencia con los mismos precios que estaba en el 2015. Las certificaciones están”, dijo. “Por lo que pude haber leído, los testimonios se contradicen. Capitanich, en una conferencia de prensa, acusa de estos sobreprecios y en el testimonio que yo he visto él dice que no puede decir absolutamente nada, técnicamente, con respecto a eso”, describió. “En la prensa dice que tenía que ir por el Concejo y Capitanich en su testimonio dice que no. Que él se rige por la ordenanza 2873. En la prensa dice que hubo una renegociación y por eso toma el fiscal la causa; y en el expediente dice que es fáctica y que él puede demostrar que ahorró. Y en el mismo expediente está la certificación de servicio de 21 camiones que continúan con el mismo régimen de contratación”, señaló ante sus pares. Y remató: “O sea, no hay causa y es solamente conferencia de prensa y el fiscal toma”. Tras su conclusión, Ayala resaltó que su “mayor anhelo es que la jueza investigue y que pruebe cada una de estas causas”.

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Desde la oposición cuestionaron lo que, a su criterio, es un “tratamiento desigual” de los pedidos de desafuero de los diputados nacionales Julio De Vido y Ayala, por considerar que “ahora no se están tomando las mismas medidas ni aplicando la misma celeridad para resolver el tema”. Reclamaron que se los analice “con la misma vara” y que se fije un criterio único.

Legisladores oficialistas rechazaron que exista una doble vara y consideraron que “ambos casos son completamente distintos”. Pidieron contar con tiempo suficiente para estudiar toda la documentación presentada. “En la próxima reunión de comisión se decidirá si se acepta o no el pedido de desafuero de la diputada Ayala solicitado por la Jueza”, anticipó Tonelli antes de concluir la reunión de comisión.

Al comienzo del debate, el titular de Asuntos Constitucionales entregó a cada uno de los legisladores que integran la comisión copias del expediente que ingresó el pasado viernes a la Cámara baja.

Según el artículo 2 de la ley de fueros vigente (25.320), la comisión tiene 60 días para emitir dictamen, y la Cámara de Diputados 180 para expedirse. Fuente: Cámara de Diputados de la Nación

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