Y para ello, el presidente decretó cambios en las funciones de las Fuerzas Armadas, que ahora podrán intervenir en seguridad interior. “Se pintó la cara”, reza el título del artículo de Página 12 en el que se da cuenta de la decisión de Cambiemos de avanzar a fuego sobre los derechos del pueblo.
A la conflictividad social subyacente de los ajustes constantes, tarifazos, inflación y depreciación salarial, aún no se han sumado los efectos sociales de los requerimientos del FMI, que van a contra pelo de las mayorías populares. Para lograrlo, Mauricio tiene un plan. Reprimir la protesta social.
Casi por unanimidad, la oposición y los organismos de Derechos Humanos, del sindicalismo y los movimientos sociales salieron a rechazar la medida y pedir que sea debatida en el Congreso.
El presidente Mauricio Macri anunció el lunes un cambio en política de defensa nacional que incluye la “colaboración” de las tres Fuerzas Armadas en tareas de “seguridad interior”, algo actualmente prohibido por las leyes. Desde Campo de Mayo, flanqueado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y la cúpula militar, también incluyó en su plan de “actualización” del rol de las fuerzas “la custodia y protección de objetivos estratégicos”, que no especificó. El anuncio generó la inmediata reacción de la oposición y de los organismos de derechos humanos, quienes subrayaron que la medida no sólo era ilegal sino que echaba por tierra los consensos alcanzados desde el retorno democrático acerca de que no debe mezclarse la política de seguridad con la de defensa (ver páginas 4 y 5).
Considerandos del decreto
Macri habló menos de diez minutos ayudado por teleprompter desde un atril en un hangar de helicópteros. Arrancó haciendo referencia a que en las reuniones de ministros del G-20 se había conversado mucho sobre lo cambiante del mundo y que, en abrupto salto, ese mundo cambiante ameritaba la apertura de “un debate genuino y sincero sobre la reforma del sistema de defensa”. No queda claro con quién hizo ese debate porque no fue público ni pasó por el Congreso, como ayer reclamaron desde los bloques opositores.
Desde sus primeros meses como presidente, Macri deslizó su intención de darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, a tono con la doctrina de las “nuevas amenazas” que se propala desde el Comando Sur de Estados Unidos, en pos de que los militares se dediquen al combate al narcotráfico y al terrorismo. Pero desde que lanzó al ruedo la idea, los organismos de derechos humanos y especialistas en el tema marcaron que las experiencias de Colombia y de México en ese sentido habían sido muy malas, y que en el caso argentino era todavía más complicado debido a la trágica experiencia de la última dictadura militar.
Macri planteó ayer que en el país había un sistema de defensa antiguo y que se debía “saldar una deuda” con las Fuerzas Armadas de la democracia. Luego sería más explícito en marcar que “los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia”. “Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión”, insistió Macri, quien lamentó que el país sigue “con un despliegue territorial para amenazas antiguas”.
“Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras así como también interviniendo ante eventos de carácter estratégico”, sostuvo en el tramo clave de su mensaje. Habló también de custodia y protección de “objetivos estratégicos”. Se trataría, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas, actualmente custodiadas por efectivos de Gendarmería.
En otros puntos reiteró objetivos ya en marcha como la participación militar en operaciones de paz de las Naciones Unidas y en la promoción de la presencia argentina en la Antártida, cosas que suceden desde hace décadas.
Macri viene de un reciente encontronazo con las Fuerzas Armadas, luego de que el ministro Aguad anunciara que la pauta de aumento salarial para este año sería del 8 por ciento. El enojo militar fue tan grande que se debió suspender el desfile en Palermo previsto para celebrar el 9 de Julio. Macri tuvo que anunciar luego una recomposición del 20 por ciento y Aguad decir que se había tratado de un error suyo, para que el clima se serenara. Ayer, el Presidente consideró que “las fuerzas necesitan contar con salarios adecuados y un servicio de salud de calidad para ellos y su familia”. Sentados en las primeras filas de las sillas dispuestas en el hangar, lo escuchaban atentamente el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Bari del Valle Sosa, junto a los jefes de Estado Mayor del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Decreto
La medida anunciada ayer por Macri contempla la modificación del decreto 727 de 2006, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner y con Nilda Garré como ministra de Defensa, que reglamentó la ley de Defensa y limitó el accionar militar a las agresiones estatales externas. “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina”, establece el primer artículo del decreto firmado ayer por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que viene a reemplazar aquél. Es decir, le saca la obligatoriedad de que la agresión sea “estatal”, lo que le da vía libre frente al terrorismo internacional, del que siempre se menciona a la zona de la Triple Frontera como su supuesto centro de operaciones en la región.
Entre los considerandos del decreto de Macri se argumenta que “este tipo de agresiones no sólo son de carácter estatal, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la defensa nacional puede y debe contribuir a preservar”. Lo que sostienen los organismos de derechos humanos que más trabajan sobre estos temas como el CELS es que detrás de los paradigmas de las “nuevas amenazas” que promueve Estados Unidos, se impulsa la separación entre defensa y seguridad que tan celosamente se mantuvo en las últimas décadas en el país y habilita la posibilidad de una mayor represión de la protesta social y el uso de la inteligencia militar para tareas de espionaje interior.
Opiniones, todas en contra
“Fuerzas Armadas fuera de rol: una medida ilegal, ineficaz y peligrosa”, sostuvo el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ). “Meter a las Fuerzas Armadas en seguridad empeoró el problema en todo el mundo”, sumó Felipe Solá, mientras que el jefe de los diputados del peronismo federal, Pablo Kosiner, aclaró que “no estoy de acuerdo en patrullar ciudades o intervenir en conflicto sociales”. “La experiencia del mundo nos indica que termina siendo un remedio peor que la enfermedad, como en México y Colombia”, opinó Ricardo Alfonsín, como parte de un grupo de radicales que se oponen a la medida. Desde el Frente de Izquierda (FIT) no hay dudas de que la resolución presidencial apunta a reprimir la protesta social: “Quieren tener las FF.AA. a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI”, dijo el diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS), en tanto el legislador porteño Gabriel Solano (FIT-PO) lo asoció al “plan represivo diseñado por el Pentágono”. Fuente Página 12
