El bloque oficialista de Cambiemos quiere que el proyecto de gastos para el año próximo reciba el acuerdo de la Cámara Baja en la sesión especial del 24 de octubre.
Además, se contempla una iniciativa referida al balance de las empresas, cuestión clave para que no baje la recaudación impositiva y se pueda cumplir con la meta del “déficit cero”, apuntaron.
Para evitar el déficit en las cuentas públicas, se deberá ajustar unos 200.000 millones de pesos del lado de la Nación y otros 100.000 millones por parte de las provincias, explicaron.
La bancada de Cambiemos confía en que tendrá el respaldo de un sector del bloque de Argentina Federal (peronismo) y de fuerzas políticas provinciales para aprobar el Presupuesto 2019, señalaron las fuentes.
La aprobación parlamentaria de la llamada “Ley de leyes” es clave para que el Gobierno pueda cumplir su plan económico y dar señales positivas a los organismos y mercados internacionales.
El proyecto presupuestario que quiere aprobar el oficialismo contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar a 40,10 pesos en promedio y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0.5 por ciento.
Además del “déficit cero” en las cuentas públicas prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.
La comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Luciano Laspina (PRO), tiene previsto reunirse desde el miércoles al jueves próximos para terminar de analizar los cambios que se harán al proyecto del Ejecutivo.
De este modo, se apunta a poder firmar el jueves el dictamen de mayoría que se prevé debatir el 24 de octubre.
El oficialismo ya aceptó pedidos de la oposición, como mantener las exenciones a grupos de trabajadores públicos o privados en el impuesto a las Ganancias y beneficios que disponen leyes nacionales y convenios colectivos de trabajo, recordaron las fuentes parlamentarias.
Queda pendiente la discusión sobre los artículos sobre la refinanciación de la deuda pública, a la creación del fideicomiso para financiar obras públicas mediante la Participación Pública-Privada (PPP) y sobre la compensación a los municipios de los subsidios para el transporte público.
En el caso de Ganancias, se trata de exenciones que tienen un conjunto de trabajadores, tales como viáticos, bonificaciones especiales, riesgo profesional, entre otros ítem salariales de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.
El proyecto del Gobierno apuntaba a recaudar 25.000 millones de pesos extra, con cambios en la forma en que se aplica el tributo a las Ganancias y la inclusión de sectores que estaban exentos.
El oficialismo aceptó mantener el plus “por zona desfavorable” que cobran los jubilados y pensionados de la Patagonia, aunque en este caso el reclamo sumaba a los legisladores radicales de las provincias sureñas.
Ahora, para compensar la reducción de esos recursos tributarios, el oficialismo analiza aumentar la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para los contribuyentes que tengan bienes valorados entre los cinco y los diez millones de pesos.
En este sentido, los contribuyentes pagarían una alícuota del 0,50% y para los que superen los 10 millones de pesos pasarían a pagar el 0,75 %. En cambio, se mantiene la exención para los dueños de bienes menores a dos millones de pesos, mientras que los superen esa cifra y hasta los cinco millones, la tasa será del 0,25 por ciento.
Queda pendiente la discusión sobre el artículo 53 del proyecto, referido a la flexibilidad para renegociar la deuda pública, cuyos requisitos están fijados en la ley de Administración Financiera.
El oficialismo tomó nota de que la oposición no acepta mantener este artículo, cuestionado por entender que abre la posibilidad de un “megacanje” de deuda pública sin los requisitos legales de mejora del plazo, monto e intereses a pagar.
Otro punto que se deberá analizar es cómo se compensará a los municipios, que pasarán a depender de las provincias para que le giren el dinero para subsidiar el transporte.
El Gobierno acordó con los gobernadores que todos los subsidios sean administrados por las provincias, pero ahora la principal preocupación, sobre todo dirigentes radicales a cargo de grandes municipios, es que se incumpla lo pactado y no reciban los fondos. Fuente: Telam
