Lo hará el Consejo de la Magistratura, ya que el arresto del magistrado no puede concretarse por el momento por estar amparado por fuero. Es por una causa de narcotráfico en la que también están imputados cinco abogados.
La Justicia Federal ordenó hoy la detención e indagatoria del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, la de dos de sus secretarios y de cinco abogados imputados en una causa por narcotráfico, informaron fuentes judiciales.
Aclararon que el arresto del juez Soto Dávila no puede concretarse por el momento por estar amparado por fuero de magistrado.
Como su estatus de juez lo protege de ir preso, Torres siguió los pasos formales y le pidió formalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación el desafuero del magistrado para poder detenerlo.
La solicitud de juicio político no tomó por sorpresa a nadie. Soto Dávila ya venía muy cuestionado por irregularidades serias en su juzgado, un polo de poder en Corrientes ya que en su persona también se concentra la Justicia Electoral. Tal vez por esto, pero pese a las reiteradas denuncias en su contra, el correntino había logrado siempre aguantar la presión.
En Resistencia
Se realizó en la mañana de este martes en la capital del Chaco, un allanamiento del inmueble del exsecretario del juzgado federal Nº1 de Corrientes, Pablo Molina, ubicado por la calle Obligado.
Es por la causa Sapucay y su presunta protección a narcotraficantes. El operativo lo realizó personal del Escuadrón 51 de Gendarmería por orden del juez de Comodoro Py, Sergio Torres, anticiparon fuentes de la investigación a NORTE.
El procedimiento de los gendarmes en el domicilio de Obligado, de Molina en Resistencia, responde a la causa por narcotráfico Sapucay, destapada en Itatí en marzo de 2017 y por la que están presos el exintendente Roger Terán, el exviceintendente Fabio Aquino, el excomisario Osvaldo Ocampos y varios más.
Las pesquisas buscan demostrar la connivencia no solamente en el poder político y de las fuerzas de seguridad, sino también en la justicia federal de Corrientes.
Molina que fue separado de su cargo de secretario del juzgado federal 1 de Corrientes, a cargo de Carlos Soto Dávila, está sospechado de darles protección y favorecer a los narcotraficantes, delito del que también se presume cometía el propio juez Soto Dávila.
Aquel 3 de marzo del año pasado, fueron 47 allanamientos ordenados por el juez Sergio Torres, de los cuales 32 se hicieron en la localidad correntina de 8 mil habitantes.
El comienzo del escandaloso suceso, lo marca Mariela Terán, hija de Terán y de su esposo Roberto Piris.
Una semana después le tocó el turno a Hernán Aquino, hermano del viceintendente, y a Vanesa Sosa, hermana de la concejala Marcelina Sosa. Mariela Terán fue detenida con 180 kilos de marihuana. Hernán Aquino tenía casi media tonelada encima cuando lo capturaron.
Al hermano del viceintendente, ya lo habían detenido- tres veces en los últimos 11 meses- con marihuana.
Sin embargo, estos procedimientos fueron consecuencia de causas que habían quedado dormidas en la cuestionada Justicia Federal correntina y todos se habrían beneficiado por rápidas excarcelaciones otorgadas por el juez Carlos Soto Dávila y por su secretario Pablo Molina, que en la mañana de este martes fue apresado por los gendarmes en su domicilio de Resistencia. Fuente: Telam, Diario Norte y Clarín
