La Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Celeste Segovia es querellante en el caso de “Sebastián Ponce de León” y a su vez acompaña la exhumación y reautopsia, previstos para el 10 de junio.
Dentro de este pedido por parte del organismo provincial, Celeste Segovia informó que lo que se busca con estos estudios es determinar “si el cuerpo registra lesiones defensivas”, elemento clave para la investigación.
Además, con los resultados de la exhumación y reautopsia quedará claro “la determinación de la extensión cronológica probable(duración) de la agresión física bajo la hipótesis de haber sido producidos por un solo agresor”, sostuvo Celeste Segovia.
EL CASO
Sebastián Ponce De León, de 35 años, fue detenido el 31 de enero y en un móvil policial trasladado a la División de Medicina Legal. De allí fue derivado al hospital Perrando de la ciudad de Resistencia donde permaneció con custodia policial, falleciendo diez días después, luego de sufrir una convulsión producto de una insuficiencia renal aguda.
La familia sostiene que Ponce de León murió producto del accionar policial y pide que se investigue esa hipótesis. Además, el padre del fallecido denunció que durante la detención, el joven resultó con “lesiones gravísimas, que derivaron en una insuficiencia renal aguda, al tiempo que manifiesta que el propio joven al momento de recuperar la conciencia, al cuarto día de internación, relató a la familia que había sido muy golpeado por la policía, pero que tenía miedo de denunciar en el lugar porque había un policía custodiándolo.
La autopsia del Instituto Médico Forense del Poder Judicial fue determinante al concluir que la insuficiencia renal que causó la muerte de Ponce de León fue consecuencia directa de los politraumatismos sufridos en el cuerpo, catalogándola como “muerte violenta”. A raíz de la prueba científica se infiere que Ponce de León sufrió una golpiza y que además (debido por las características de las lesiones) las mismas se produjeron probablemente mientras estaba esposado. Así también constan en el expediente los testimonios de las personas que tuvieron contacto con él al momento de recuperar la conciencia.
La causa está caratulada como muerte dudosa, y recayó, en principio en el Equipo Fiscal 2, quien la remitió a la Fiscalía Especial en Derechos Humanos desde la presunción que existe personal policial involucrado. Dicha Fiscalía, luego de tomar algunas medidas de prueba, se declaró incompetente remitiéndola a la Procuración General Adjunta, quien decidió que se continúe investigando, ya bajo la órbita del Fiscal Coordinador, Sergio Cáceres Olivera.
QUERELLANTE
La secretaria de Derechos Humanos, Celeste Segovia se constituyó como querellante en representación del Poder Ejecutivo a través de un decreto del Gobernador Domingo Peppo y desde entonces acompaña plenamente a la familia en la búsqueda de la verdad y en la sanción de los responsables. En el caso, también se encuentra constituida como parte querellante la familia de la víctima y el Comité de Prevención de la Tortura.
