“Esta legislación está basada en la gratuidad de la atención en el sistema sanitario público, al que garantizará un mayor aporte económico. Viene a mejorar la ya existente”, definió el presidente de la Legislatura, Hugo Sager.
De esa manera se refirió a la sanción de la Ley 3158-G, valorando el acompañamiento de diputados y diputadas en la sesión extraordinaria de este jueves.
Dicha ley crea el régimen para el recupero de gastos de las prestaciones de servicios de los establecimientos sanitarios de la provincia. Consiste en que las obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga y otras entidades similares que presten cobertura de riesgo de enfermedad humana y asistencia social, se hagan responsables como terceros pagadores, de los servicios que reciban sus beneficiarios en la red pública de atención.
Sager explicó que esta ley mejora la existente (N° 644-H) con herramientas que hacen posible visibilizar la realidad de muchas personas que, teniendo obra social o la cobertura de un seguro, acuden ante un accidente de tránsito o alguna situación específica a centros de salud públicos para ser atendidas. “Hay que agregarle la presencia de especialidades que no existen en el sector privado y, por lo tanto, es en el ámbito público donde algunos pacientes acuden a atenderse”, detalló.
El Fondo y su administración
Las recaudaciones obtenidas al amparo de la presente ley ingresarán a una cuenta especial denominada “Fondo de Recupero de Gastos en Salud”, que será administrado por la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de Salud, en un 20%, y el 80% restante entre instituciones y trabajadores del sistema público. “La lógica indica que existe una retribución por parte empresas aseguradoras, las obras sociales y eventualmente por parte de las prepagas. Hasta el momento, los fondos eran destinados en un 50% a la institución y en otro 50% a los trabajadores”, indicó Sager.
Con esta nueva iniciativa, destacó que “se distribuye un 20% para la Subsecretaría en mención y el 80% restante se divide en partes iguales, es decir un 50% para la institución con disponibilidad por parte del director de dicha entidad y un 50% para los trabajadores”. “La particularidad que tiene es que los recursos no sólo van destinados a los profesionales y a los trabajadores que tienen estabilidad, sino además a aquellos que los directores consideren que están haciendo bien su trabajo y necesitan una recompensa. Ese fondo estímulo hoy comprendería a una mayor cantidad de trabajadores”, especificó el legislador.
