Desde el Cabildo Abierto por los Derechos Humanos en el Chaco, integrado por el Comité de Prevención de la Tortura, organismos y militantes de nuestra provincia, repudiamos la represión sufrida por compañeros y compañeras del movimiento social Barrios de Pie el 17 de noviembre en horas de la mañana.
Barrios de Pie se había concentrado en la Plaza España, en el marco de la campaña nacional “La Salida es Sin Ajuste” para manifestarse de forma en favor al impuesto a las grandes fortunas. Pese a haber acordado los términos de la marcha previamente, fueron reprimidos por un enorme y desproporcionado operativo de la Policía del Chaco encabezado por Gustavo Olivello, Subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial, dependiente del Ministerio de Gobierno. Las y los manifestantes fueron atacados y corridos con camiones hidrantes y gases y resultaron detenidas siete personas.
Queremos recalcar la selectividad a la hora de reprimir la manifestación social (consagrada como un derecho y protegida por numerosos instrumentos legales), ya que dos marchas “anticuarentena” organizadas por las capas medias de la sociedad se desarrollaron duarnte el tiempo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el centro de la ciudad de Resistencia sin ningún inconveniente. Creemos que es evidente la criminalización de la pobreza y las políticas de mano dura que se están desarrollando en nuestra provincia en contra de los sectores más vulnerables.
El Gobernador Jorge Milton Capitanich designó a Olivello en su cargo “con el objetivo de asistir al Ministerio de Gobierno y Trabajo en tareas de fortalecimiento de las instituciones democráticas”, según el Decreto 1133/2020. Los hechos del día de hoy muestran que el perfil y el accionar del Subsecretario van en contra de la democracia que debe defender.
Es por esto que, como objetamos en su momento el nombramiento de Gustavo Olivello como Subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial por sus antecedentes represivos, hoy exigimos su renuncia o destitución. Dio claras muestras de no estar capacitado para los requerimientos de su función, que son el diálogo con las organizaciones sociales y el respeto a los Derechos Humanos.
Cabe destacar que no se respetó la Ley Provincial Nº 7710 de cumplimiento de Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, que en su Artículo primero dice “son objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.
A su vez, establece que “se deberán agotar todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos y evitar que implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación” estableciendo “medidas tendientes a garantizar que, frente a situaciones conflictivas, la intervención de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad sea progresiva, comenzando necesariamente por el diálogo con los organizadores de la manifestación”.
Como militantes, defensoras y defensores de los Derechos Humanos, reivindicamos el derecho a la protesta social y hacemos un llamado al Gobernador Capitanich y a todos los poderes del Estado para que pongan fin a las políticas represivas y den respuesta a los legítimos reclamos del Pueblo.
