Así lo aseguró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer ante la Cámara baja luego de la polémica desatada por los acuerdos con el laboratorio.
El laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún “pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios” en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener “interés” en bienes naturales o reservas del Banco Central.
De esta forma, la farmacéutica estadounidense volvió a desacreditar las afirmaciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien el mes pasado denunció en un programa de televisión que las dificultades para adquirir vacunas de Pfizer obedecían a una supuesta pretensión del exministro de Salud Ginés González García de “tener un retorno”.
Ahora, frente a los jefes de los bloques mayoritarios de la Cámara baja, el laboratorio ratificó que no existió tal situación.
“En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios”, aseveró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo “el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina”.
En su exposición, Vaquer aclaró que la empresa “no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado” -tanto “naturales, reservas del Banco Central o bienes culturales”- en sus tratativas con el Gobierno para la adquisición de vacunas.
Las afirmaciones del representante del laboratorio estadounidense echan por tierra las acusaciones vertidas las últimas semanas no sólo por Bullrich, sino también por otros dirigentes de Juntos por el Cambio.
Esa denuncia mediática le valió a la titular del PRO varias citas con la Justicia y deberá dar explicaciones ante el Juzgado Federal 1 de María Servini y en el fuero civil, tanto a partir de un planteo del exministro González García como en otro por difamación y delitos contra el honor que presentó el presidente Alberto Fernández.
La Justicia deberá determinar si la denuncia mediática de Bullrich pudo haber afectado el proceso de negociación del Gobierno con Pfizer o dañado la confianza de la población en la gestión sanitaria de la pandemia.
Para el Ejecutivo, la gravedad institucional que implica sembrar sospechas en las ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia, fue uno de los motivos centrales para demandar judicialmente a la presidenta del partido fundado por Mauricio Macri.
Ya en abril pasado Bullrich recibió el repudio de la dirigencia política y de agrupaciones de excombatientes cuando utilizó una polémica frase para cuestionar las negociaciones llevadas adelante por el Gobierno en la compra de vacunas.
“Las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, lanzó con liviandad Bullrich en otro reportaje y por esos dichos fue presentada una denuncia ante la justicia federal y también un proyecto parlamentario para multar a funcionarios y autoridades partidarias que nieguen los derechos de soberanía sobre las islas.
Este martes, tanto el directivo de Pfizer como el titular del laboratorio Richmond, Marcelo Figueras, expusieron a través del sistema de videoconferencia en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien señaló que la próxima semana se va a repetir este esquema “con otros actores”, en referencia a directivos de otros laboratorios como AstraZeneca o Sinopharm, a los que Argentina ya les compró vacunas contra el coronavirus.
La reunión realizada en el Salón “Delia Parodi” contó con la participación de los jefes del Frente de Todos, Máximo Kirchner; de Juntos por el Cambio, Mario Negri; y de los interbloques Federal, Eduardo “Bali” Bucca, y de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón.
También asistieron los presidentes de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau (FdT); de Acción Social y Salud Pública (FdT), Pablo Yedlin; la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Cristina Álvarez Rodríguez, y las vicepresidentas de esas comisiones, las diputadas de Juntos por el Cambio Carmen Polledo y Carla Carrizo y las legisladoras de ese bloque Karina Banfi y Claudia Najul.
Consultado por los legisladores del oficialismo y la oposición sobre las razones por las que el laboratorio no pudo llegar a un acuerdo con la Argentina, Vaquer explicó que “el marco legal (argentino) no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales requeridos por Pfizer, vinculados con la indemnidad”, pero señaló que “estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas”.
Con todo, Vaquer se negó a profundizar y señaló: “No me siento con la capacidad de entrar en detalle”. Fuente: Telam
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