Un hecho relevante para los derechos de la ciudadanía se está llevando adelante en nuestra provincia: el proceso de selección de una nueva o un nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco.
El 31/08 pasado se llevó adelante la Audiencia Pública que prevé la legislación vigente, una normativa de avance en la materia conquistada luego de demandas sociales y procesos colectivos de participación.
Nuestro espacio político lleva muchos años promoviendo y participando en el debate de estos temas, de impacto en la vida de chaqueñas y chaqueños que suele pasar inadvertido incluso para determinadas actores de la vida política y social. Incluso la importancia de la audiencia pública es subestimada por propios participantes, que en ésta ocasión hasta tuvieron actitudes de desprecio a participantes y sus pedidos de opinión.
Nuestros apoyos y posiciones
Como espacio político, tenemos la convicción de que el Superior Tribunal de Justicia debe integrarse con juezas y jueces que respetan el marco de los Derechos Humanos entendiendo que hoy esa agenda tiene que ampliarse a los derechos ambientales y cuidado de los recursos naturales, de las comunidades indígenas, a los derechos de las diversidades, de aquellas mujeres que sufren violencia de género, de las y los trabajadores que reclaman sus derechos y muchas veces no son tomados en cuenta por la justicia. Por ello manifestamos nuestro apoyo para integrar el STJ a la abogada Natalia Prato y a los abogados Víctor Del Río y Gonzalo García Veritá, quienes en sus pronunciamientos judiciales respetan el marco descripto, incluyen y mantienen una relación humana de diálogo con las y los justiciables y transparencia de sus pronunciamientos.
Además, durante la Audiencia y en distintas intervenciones señalamos varias cuestiones, entre las que destacamos.
El Poder Judicial debe, en forma insoslayable, incorporar la perspectiva de género y diversidad en todos sus actos, desde la integración del Superior Tribunal de Justicia hasta el dictado de sentencias, desde la administración interna hasta la incorporación de disidencias a la planta del personal.
Así como en la reforma constitucional del año 1994, tanto nacional como provincial, se incorporaron clausulas llamadas democráticas para que quienes forman parte de procesos golpistas nunca más puedan ocupar cargos públicos, entendemos que debemos trabajar ese Nunca Más para quienes en sus responsabilidades ataquen los aspectos centrales antes descriptos y no puedan acceder al más alto cuerpo judicial de nuestra Provincia.
Se debe realizar una apertura del debate sobre la periodicidad del mandato de los cargos de juezas y jueces, que hoy al acceder quedan fuera de los marcos de control ciudadano periódico y sujeto especialmente a un control corporativo.
Una preocupación que mantenemos es sobre la situación salarial del Poder Judicial y el conflicto de poderes que se plantea a ejercer presiones ese Poder sobre la Cámara de Diputados con un requerimiento que excede las posibilidades presupuestarias y la realidad económica y financiera de nuestra Provincia. Las respuestas de la mayoría de las y los postulantes en ese sentido, si bien se ha hecho mención al diálogo, han tenido un enfoque más corporativo e interno que de responsabilidad política.
Mejorar la legislación vigente
No queremos dejar de destacar que durante el proceso que se lleva adelante y en diálogo con algunas y algunos postulantes identificamos aspectos legales y procedimentales que deben ser mejorados. Más allá del avance legal dónde se ha ganado en trasparencia e incluso logrado que el STJ tenga por primera vez en su historia 2 mujeres en su integración en 2014 y mayorías de ese género a partir de 2015, requiere de un amplio debate para su revisión.
Asimismo, señalamos al Consejo de la Magistratura con preocupación un hecho que ya denunciamos en 2014, y que se reitera 7 años después, como lo es requerir una opinión previa para poder participar. Otra decisión que no compartimos es la de celebrar en una sola jornada la Audiencia con gran cantidad de participantes. Entendemos que estas acciones, además de desvirtuar y vaciar del objetivo que es promover la más amplia participación democrática de la sociedad, son claramente contrarias a la legislación vigente y reduce la presencia popular.
Entendemos que es nuestra responsabilidad como fuerza política es hacer las críticas correspondientes, no para debilitar este mecanismo de participación que tanto costó conseguir, sino para que sea valorado adecuadamente, para que se mejore y profundice.
Seguiremos aportando desde nuestro lugar para lograr que algún día el Poder Judicial tenga la confianza, la credibilidad y la legitimación ciudadana que aún hoy no tiene.
