En el primer día de mandato y tras pedir una tregua a la oposición para superar la crisis institucional, Dina Boluarte debe nombrar a sus ministros y pedir la aprobación del Congreso para iniciar su Gobierno.
La flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó este jueves el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, reclamado por algunos sectores ante la crisis institucional del país, mientras la Justicia impuso siete días de “detención preliminar” al mandatario destituido el miércoles, Pedro Castillo, y confirmó que lo investiga por rebelión y conspiración.
“La Constitución es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos y la elección ha sido hasta el 28 de julio de 2026”, respondió Boluarte a una consulta sobre el eventual anticipo de los comicios, en una breve conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Gobierno.
“Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso, democráticamente, es respetable”, admitió la mandataria, según la agencia de noticias Andina, el diario La República y la radio RPP.
Precisó que su misión inmediata es “un poco reorientar lo que hay que hacer con el país” y agregó que “más adelante, en coordinación con todas las organizaciones”, adoptará las mejores “alternativas”.
En sus primeras declaraciones a la prensa desde Palacio de Gobierno, la presidenta @DinaErcilia Boluarte sostuvo que la asunción de mando constituye una oportunidad para reorientar lo que se debe hacer con el país. pic.twitter.com/CRiIlTbXLr
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 8, 2022
“Así como ayer, en el Congreso, pedí una tregua para poder ordenarnos todos, voy a agradecer a la prensa darme una tregua para poder ordenar y darles noticias”, dijo, y remarcó que “las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las óptimas”.
Boluarte juró el miércoles como jefa del Estado, al cabo de una jornada imprevista en la que el Congreso destituyó a Castillo poco después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional que incluía la suspensión de garantías constitucionales y un toque de queda.
La nueva mandataria, que el miércoles mismo, apenas asumió, inició una nutrida agenda de reuniones con representantes de diversos sectores de la sociedad, avanzaba esta tarde en el diseño de su gabinete, que, por requisito constitucional, precisará el voto de confianza del Congreso.
Por otra parte, el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso “siete días de detención preliminar” para Castillo, “investigado por el delito de rebelión y alternativamente conspiración”, informó este miércoles por la tarde el Poder Judicial.
Checkley adoptó esa medida al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo, y la resolución especifica que el plazo de detención judicial rige desde ayer, cuando el exmandatario fue arrestado, y hasta el martes próximo.
Mientras tanto, el exmandatario permanecía desde ayer en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Lima, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.
Fue alojado en la misma celda que ocupó el expresidente Ollanta Humala en 2017, cuando cumplió prisión preventiva mientras se investigaba si había recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y financiamiento no declarado del gobierno de Venezuela para una campaña electoral, según el semanario Caretas.
En ese lugar le tomó declaración este mediodía la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien acudió acompañada por Huamán y por la fiscal superior Karina Quineche. Fuente: Telam
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