Es por la falta de información sobre el estudio de costos. “Lo que más nos preocupa es esta mala jugada del municipio que nos otorgó fórmulas y montos obsoletos para que realicemos el análisis de su estudio de costos, que ahora quedó desautorizado”, explicó.
El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, aseguró que es inconstitucional la Audiencia Pública sobre el precio del boleto en Resistencia, por la falta de información sobre el estudio de costos, que vulnera los artículos 42 de la Constitución Nacional, el 47 de la Constitución Provincial y el artículo 70 de la Carta Orgánica municipal, todos ellos relacionados con la protección de los derechos del usuario. “Es una desconsideración total hacia los vecinos que no brinden el tiempo necesario para hacer un análisis responsable de la información que están dando y que minutos antes del debate, aún falte la documental respaldatoria para conocer los números reales”, dijo.
Corregido aclaró que durante el cotejo de la documental aportada por la Municipalidad de Resistencia a la Defensoría del Pueblo, surgieron varias consideraciones, entre las que se destaca que los datos brindados por el municipio respecto a la Información general del sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, no coincide con los datos publicados para conocimiento público en la página www.mr.gov.ar.
Tiempo ajustado
El defensor también criticó los plazos en los cuales la Municipalidad remitió la información y aclaró que “si bien la 6363 no fija un plazo determinado, el espíritu con el que se convoca a una Audiencia Pública debe permitir contar con la totalidad de la información en un tiempo razonable, que permita su análisis completo”. “En este caso, luego de detallar las fallas en el informe remitido, podemos puntualizar que la información no fue ni veraz, ni detallada, ni completa, lo que imposibilita poder formar una opinión y participar de este espacio de formación de la decisión para fijar la tarifa de transporte urbano de pasajeros”, destacó.
En esa línea, el ombudsman apuntó directamente contra la intendenta de Resistencia, sobre quien resaltó que “perdió una oportunidad de ejercer un acto administrativo en forma republicana, transparente, entregando la información suficiente, adecuada y veraz”.
Datos técnicos
A primera vista, en la nota que el defensor remitió al presidente de la Audiencia Pública, se constata que hay muchas diferencias en el monto de la recaudación anual del sistema, en el número de coches que tiene cada empresa, en el monto de los subsidios nacionales y principalmente en la cantidad de kilómetros que recorren los colectivos y la recaudación que se logra, todas ellas variables que modifican de manera sustancial el precio del boleto.
“Otro dato a tener en cuenta es que el estudio que presentó la Municipalidad con el membrete de la Universidad Tecnológica Nacional, sólo lleva la firma del presidente Cámara de Empresarios de Transporte Automotor de Chaco (CETACH), Daniel Riquelme, pero no tiene la rúbrica de ningún profesional competente que avale el mismo como Estudio Técnico, por lo que quedan dudas sobre las fórmulas y la consistencia metodológica que se aplica en ese documento”, recordó.
Respecto a esto, la Defensoría resalta que la metodología de cálculo del informe municipal se encuentra insuficientemente desarrollada en los fundamentos que justifican cada coeficiente adoptado y en consecuencia los valores resultan arbitrarios, sumado a que no se proveen las cifras y cálculos para la “Retribución a la Gestión Empresaria”, hecho cuestionado por su alto valor en relación al idéntico rubro calculado por la Subsecretaría de Transportes de la Provincia en Audiencia Pública del 15 de enero de 2015.
En detalle, en la estructura de costos de Resistencia la retribución empresaria arroja la cifra de 1,38 pesos por kilómetro, cuando la provincia calculaba en ese mismo rubro en enero de este año el valor de 0,86938 pesos y la Municipalidad de Sáenz Peña calculó 0,51682 pesos para esa variable, basándose en la metodología que sugiere la Resolución 37/13 de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Finalmente en su nota de presentación, la Defensoría también ratifica que el método empleado por la Municipalidad de Resistencia no contiene información sobre el “Valor del Edificio”, como tampoco las cotizaciones de capital invertido en máquinas, herramientas y muebles, lo que no permite verificar los valores consignados.
Mala Juagada
“Nuestro aporte quedó prácticamente anulado con la noticia que acabamos de recibir”, indicó el defensor, quién asistió al recinto de sesiones ubicado en la calle Brown, donde se realizaba la mencionada audiencia. “Seguimos sosteniendo que este debate es inconstitucional porque la falta de información obstruye la participación del usuario, pero lo que más nos preocupa es esta mala jugada del municipio que nos otorgó fórmulas y montos obsoletos para que realicemos el análisis de su estudio de costos, que ahora quedó desautorizado”, explicó.
Corregido manifestó que en el transcurso de la semana fue modificada la información en la página web de la Municipalidad, pero la notificación sobre nuevos cambios nunca llegó a la Defensoría del Pueblo, que se manejó con los datos con los que contaba al momento de recibir el informe municipal, ajustando los tiempos para poder estudiar en detalle la metodología empleada, ante el corto lapso que tenía de cara a la audiencia de este viernes.
