Según el concejal “gustavista” Miguel Rolón, “la elección electrónica de Aida Ayala le saldrá a los vecinos de Resistencia más de cinco millones de pesos”, en concepto de “alquiler de equipo y licencia uso de sofware $2.000.000, boletas electrónicas, $2.000.000, flete y seguro $1.000.000”, aseguró Rolón.
“Sorprendentemente la intendenta Aída Ayala convoca a elecciones municipales para el 20 de septiembre y exige que el 100% de los votos se realicen electrónicamente de acuerdo a su capricho y conveniencia o de lo contrario desdoblaría la elección municipal generando mayor gasto en los recursos que podrían ser utilizados en obras tan necesarias para la ciudad”, remarcó el edil justicialista.
“La Resolución Nº1070 de intendencia con fecha 1 de junio del 2015, ingresó al Concejo para su tratamiento el pasado martes 9 de junio y no especifica el origen de los fondos para el pago de la concesión del acto electoral en la ciudad capital, es decir, alquiler de equipo y licencia uso de sofware $2.000.000, boletas electrónicas, $2.000.000, flete y seguro $1.000.000, sumado a esto, personal, recurso técnico, publicidad y otros por cifras millonarias, tampoco el sistema de contratación es claro que por afectar al patrimonio público municipal tendría que estar previsto en el presupuesto anual o de ser contratación directa ya los contribuyentes conocemos el caso emblemático y símbolo de la corrupción municipal, PIMP S.A investigado por la justicia por la relación directa del círculo íntimo de la intendenta, y sus directivos, donde aproximadamente $250.000.000 Aída responde y $269.000.000 de PIMP S.A demuestran que las contrataciones o concesiones de Aída Ayala están viciadas de irregularidades”, indicó.
“Por otro lado la Carta Orgánica municipal establece que la elección del intendente se hará en forma directa y a simple pluralidad de sufragio, es decir, que la resolución de intendencia toma atribuciones del Código Electoral provincial, mezclando principio y atribuciones llamando a segunda vuelta, exigiendo el voto electrónico, en definitiva el origen y la normativa de convocatoria a elecciones municipales en resistencia intenta violentar el resultado electoral del 24 de mayo pasado imponiendo un sistema electrónico que, casualmente, beneficia al que paga el servicio y genera mayor gasto al contribuyente municipal”, concluyó.
