Para ello envió un proyecto de ley a Diputados para que lo autorice a tomar el crédito por 2.500.000.000 de pesos, que no sólo irán a saldar la deuda histórica con los empleados y funcionarios del Poder Judicial, sino también para asistir al sector productivo y ayudar al Estado provincial con la absorción de gastos corrientes.
El texto de la iniciativa resalta en su artículo tercero que los fondos solicitados serán para “asistir económicamente al sector primario productivo provincial; a asistir al Estado Provincial en gastos corrientes y en el cumplimiento de obligaciones provenientes de ejecuciones de sentencias originadas en la Resolución 858/91 dictada por el Superior Tribunal de Justicia, tanto capital como honorarios que se encuentren a cargo del Estado”.
En el primer artículo de la iniciativa, se establece que “los empréstitos podrán materializarse bajo cualquiera de las operaciones de crédito público que se indican seguidamente:
- a) Emisión de títulos públicos, en el país o en el exterior, inclusive bajo la modalidad de fideicomisos financieros.
- b) Celebración de contratos de mutuo con entidades financieras públicas o privadas, del país o del exterior, comprendiendo entre éstas a organismos multilaterales de crédito”.
