Se trata de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el default (ADAPD) constituida por argentinos en el 2001, y que se mantiene en pie, sobreviviendo con integrantes que se negaron a ingresar a los canjes 2005 y 2010, y a la oferta del pasado 29 de febrero que realizó la administración de Mauricio Macri a través del equipo económico que conduce Alfonso Prat Gay.
El pasado viernes, cuando ingresaba a las cuentas de los holdouts parte del dinero recaudado de la colocación de bonos por 16.500 millones de dólares, este grupo presentó un escrito ante el Ministerio de Hacienda que fue recibido por Eugenio Bruno, asesor legal de la Secretaría de Finanzas, según explicaron a Télam fuentes de la asociación.
“Sentimos que el tratamiento de este gobierno no es equitativo con nosotros. Aspiramos a reunirnos y que mejoren la oferta”, dijo Angélica Bergonzi, presidente de ADAPD.
Bergonzi explicó que en “Estados Unidos se pueden continuar acciones legales, y también en Argentina, por pedido de excepciones a gente mayor, enfermos, jubilados, quienes cobraron indemnizaciones, ahorristas genuinos”.
En efecto, durante la audiencia celebrada el pasado 13 de abril en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el abogado Michael Spencer, que defendía a una masa de holdouts pequeños y medianos por más de 600 millones de dólares, entre los que se encontraban los de ADAPD, fue habilitado por dicha Corte a continuar con su reclamo en el despacho del juez Thomas Griesa.
Lo que no hizo dicha Corte fue aceptar el pedido de que continúen las restricciones en contra del país para pagar deuda, y como elemento de negociación, como pretendía Spencer.
Los bonos en default en poder de los miembros de ADAPD fueron emitidos en los 90 y no tienen cláusulas de acción colectiva ni de mayorías para obligarlos a ingresar por la vía del contrato legal del bono, a un acuerdo. Es el mismo tipo de bono que estaba en poder de Paul Singer y el resto de los fondos buitre, quienes finalmente aceptaron la oferta argentina.
Bergonzi explicó que hay acreedores dentro del grupo que “compraron por 50.000 dólares un Global 06, que tiene sentencia firme en Nueva York desde el 2007, cuyo valor a esa fecha era de 90.000 dólares”.
Como el Gobierno ahora ofreció 150%, “el valor a recibir caería a 75.000 dólares, cuando la sentencia actualizada es de aproximadamente 150.000 dólares”, explicitó.
Con la oferta argentina, estos acreedores embolsarían equivalente a tener un 50% de ganancia, respecto del capital invertido, cuando la sentencia les marca un 200%.
Vale recordar que unos 50.000 bonistas italianos, que tenían laudo favorable ante los tribunales del Ciadi, aceptaron la oferta y cobrarán unos 1.350 millones de dólares.
La titular de ADAPD remarcó que entre los integrantes del grupo hay tenedores que compraron títulos antes del default y no como lo hicieron los fondos buitre, que lo hicieron a un valor equivalente al 30% nominal.
“Nosotros queremos reunirnos con funcionarios cuando respondan nuestra solicitud y tenemos bonos por 40 millones de dólares”, que gozarían de las excepciones arriba citadas.
“Queremos que Argentina de vuelta esta página de default pero con un trato justo y equitativo a particulares bonistas genuinos”, explicó la dirigente en un contacto desde Nueva York, en donde se encuentra para analizar los próximos pasos legales que hará la Asociación, en defensa de sus reclamos, que serán en paralelo en Buenos Aires y en Estados Unidos.
Más allá de esta denuncia y de su desenlace legal, vale recordar que la Argentina dio vuelva el capítulo del default para los mercados y calificadoras de riesgo, así como para el Gobierno de Estados Unidos, y para el juez Griesa, quien a través del mediador Daniel Pollack, el viernes pasado indicó que se sentía muy “gratificado” por el accionar del gobierno de Mauricio Macri en acordar y pagar a los holdouts. Fuente: Télam
