Ante las recientes declaraciones del presidente de la Federación Económica del Chaco, Sergio López, quien afirmó que “la masa de empleados públicos prácticamente se duplicó en los últimos diez años”, el presidente de la Junta Local del PJ Federico Muñoz Femenía aclaró que la evolución del volumen de personal no permite sustentar dicha aseveración.
Si se considera el período 2007-2016, la planta ocupada en la administración central y los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, pasó de 48.646 a 57.022 agentes (Ley 7739, Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial, diciembre de 2015).
Muñoz Femenía aseguró que “las cifras anteriores, lejos de mostrar una duplicación del empleo público como manifiesta López, evidencian un crecimiento del 17% en la planta ocupada”. Explicó que esto se fundamenta por dos motivos: a) el cumplimiento de la Ley 6655 que estableció la regularización laboral y estabilidad en las relaciones de trabajo del sector público provincial; b) un mayor sesgo hacia el gasto social, con un incremento de más de 10 puntos porcentuales en el gasto público en Educación, Salud y Seguridad.
El mayor gasto social estuvo vinculado con la ampliación de la cobertura de los servicios sociales, cuestión que resultaba prioritaria para una provincia que en el año 2007 presentaba una situación desfavorable, comparada con el resto de las jurisdicciones del país, en la mayoría de los indicadores de calidad de vida.
Es por ello que el aumento del gasto social estuvo ligado al mejoramiento de la infraestructura de Salud y Educación, así como a la ampliación de la cobertura de estos servicios, con el consiguiente aumento del recurso humano. En este sentido, entre los años 2007 y 2015, en el Sistema Educativo la cantidad de docentes se incrementó un 24%, pasando de 28.610 a 35.540, mientras que en el Sistema de Salud se incorporaron 5.000 agentes y en el Sistema de Seguridad 2.060 agentes.
Salud pasa de 2007 a 2015 se una planta ocupada de 5309 a 10037 y seguridad pasa de 4453 a 6512.
Por otro lado, con el objeto de asegurar la comparabilidad de los datos en una jurisdicción o entre jurisdicciones, el empleo público debe expresarse en relación a la cantidad de habitantes. En este sentido, seguidamente se consigna la evolución de la planta ocupada de la población chaqueña entre los años 2005 y 2016, tomando como referencia los datos censales y las proyecciones demográficas realizadas por el INDEC para la Provincia del Chaco:
Los datos anteriores permiten constatar que la relación empleo público cada 1.000 habitantes ha fluctuado en torno a un promedio de 48 en la última década, con algunos incrementos producto de la aplicación de la legislación de regularización laboral y estabilidad en las relaciones de trabajo, como ocurrió a partir del año 2012, pero con una tendencia decreciente a partir del año 2014, producto de las restricciones impuestas por la Ley 6655 para el ingreso de personal y el resultado del progresivo retiro de empleados por causas vegetativas.
Por otro lado, considerando la totalidad del empleo registrado en el Chaco, en el año 2007 el 49% consistía en empleo público y el 51% en empleo privado, mientras que en el 2015 esta relación se había modificado y la participación del empleo público en el empleo registrado se había reducido al 35%.
Las cifras anteriores permiten inferir que, si bien en la última década en términos cuantitativos el empleo público se incrementó por las razones explicadas precedentemente, lo hizo a un ritmo inferior que el registrado en el sector privado, comportamiento vinculado con el crecimiento de la economía chaqueña que se situó en torno al 7,9% acumulativo anual entre los años 2007 y 2015.
El crecimiento de la economía también constituye el reflejo de la incorporación de la equidad como variable central de las políticas públicas, indisolublemente asociada a la generación de empleo, concebido como principal dispositivo de integración social. Adicionalmente, el efectivo ejercicio de los derechos de protección de la salud, educación, seguridad social, capacitación laboral y jubilación digna, estuvieron combinados con la ampliación del acceso a viviendas, infraestructura, equipamientos y otros servicios sociales.
El sesgo del gasto público hacia el gasto social ha contribuido a mejorar la situación de la población chaqueña, como ya lo reflejaba el CIPPEC en el año 2014 en su Documento “Piso de Protección Social en la Provincia del Chaco”. Dicho Centro, al que no puede considerarse afín a nuestro gobierno, señalaba que prácticamente todos los indicadores sociales mejoraron, como consecuencia del aumento de los programas sociales, su mejor focalización y complementación.
Estos resultados se relacionan con el mejoramiento de las oportunidades de desarrollo humano, y para ello resultó necesario aplicar políticas públicas que superen la controversia entre crecimiento económico y distribución del ingreso. Es por ello que al término de nuestra gestión asumíamos que, para asegurar la continuidad de la mejora en la situación social provincial, resultaba necesario mantener el ritmo de inversión en infraestructuras tales como viviendas, redes cloacales y agua potable, así como las políticas que habían permitido dinamizar la inversión privada, la creación de empleo y el aumento de la demanda agregada.
