Los presidentes de los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados formalizaron este martes la presentación del proyecto de emergencia social, donde se plasma el acuerdo alcanzado entre las organizaciones piqueteras y el Gobierno nacional para declarar la emergencia hasta 2019 y reforzar los recursos para fomentar la “economía popular” que realizan esas cooperativas.
La iniciativa, que tendrá dictamen de comisión este jueves y será votado el próximo martes en la primera sesión del período extraordinario, apuesta a que las organizaciones puedan incluir a los ciudadanos que tienen planes sociales en los sistemas de trabajo efectuado a través de las cooperativas de esas organizaciones.
El acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por 30.000 millones hasta fines del 2019 y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
El proyecto fue firmado por los presidentes de los bloques que conforman el interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri y el macrista Nicolas Massot; del Frente Renovador, Sergio Massa; del Movimiento Evita Leonardo Grosso y de Libres del Sur, Victoria Donda.
También lo hicieron el jefe de la bloque Justicialista, Oscar Romero, y el referente de esa bancada, Diego Bossio; la massista Graciela Camaño; Alicia Ciciliani por los socialistas y Alcira Argumedo de Proyecto Sur, entre otros.
El Frente para la Victoria no firmó la iniciativa, pero anticipó que acompañará el proyecto que plasma el acuerdo alcanzado entre los movimientos sociales y el gobierno nacional.
El proyecto tiene como objeto “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
Además dispone la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo. Fuente: Télam
