En una sesión cruzada por un áspero debate, varios e interminables cuartos intermedios, artículos caídos y modificaciones acordadas en el recinto, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, impulsado por el Gobierno. La iniciativa incorpora a las Personas Jurídicas como imputables en todos los delitos establecidos en el Código Penal con carácter de “imprescriptibles” –equiparándolos con delitos de lesa humanidad– y con penas mínima superiores a los 4 años para que no sean excarcelables pero con reducción de las sanciones económicas.
Sin embargo, la alianza oficialista Cambiemos no pudo imponer el polémico artículo 37 del dictamen (rechazado por 131 votos a 87), en el que propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer “acuerdos administrativos” con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos. Ante esta situación, trolls de Cambiemos iniciaron otra vez una campaña sucia y falsa con nombre de diputados que votaron en contra del artículo 37 que obliga “a funcionarios a devolver lo robado”. “El artículo 37 no aprobado trata de darle facultades al Procurador del Tesoro doctor Saravia Frías (ex abogado de la familia presidencial) para que mediante acuerdos administrativos permita investigar y obtener información de ilícitos como pago de coimas por parte de empresas para acceder a beneficios de la ley como por ejemplo atenuación de penas”, aseguró al respecto el diputado nacional Juan Manuel Pedrini.
“Se trata de un artículo manifiestamente inconstitucional, ya que ningún miembro del Ejecutivo puede investigar a terceros y menos pactar atenuación de penas. Una verdadera locura institucional, no hace falta conocer Derecho Constitucional para saber que son facultades exclusivas y excluyente del Poder Judicial”, agregó el legislador chaqueño. Así, destacó que el Congreso “desbarató un intento grosero del Poder Ejecutivo de avanzar sobre potestades del Poder Judicial”.
El artículo 37 era conocido como “Artículo Oderbrech”, de haberse aprobado hubiera permitido al abogado de Macri “pactar con los corruptos brasileros una información sesgada que entre otras cuestiones no afecten a Gustavo Arribas hasta ahora único argentino sindicado por la misma empresa Oderbrech de haber recibido coimas en Argentinas y ocultar las relaciones comerciales y de obra pública que unen las empresas de Macri con Oderbrech hace ya más de 12 años”. “Cambiemos miente descaradamente. El artículo 37 nada dice de recuperar bienes robados, fue solo un intento por garantizar impunidad a Macri y otros CEOS corruptos. Los discípulos vernáculos de Duran Barba están dando a esta campaña política una peligrosa impronta Goebbeliana: Miente, miente que algo quedará”.
