Los Miembros del Comité de Prevención de la Tortura, otros Tratos y Penas crueles, Inhumanos y/o Degradantes (C.P.T.Ch) ven con preocupación la intención de reformar la Ley N° 2399-J de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” a través del Proyecto de Ley N° 1945/18 de autoría del Poder Ejecutivo Provincial.
La inquietud se basa en que no dieron intervención a este organismo, o no cursaron invitación para participar del análisis del Proyecto.
El Art. N° 18 de la Ley de creación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura especifica la competencia del C.P.T.Ch para “participar en el proceso de formación de leyes emitiendo dictámenes, recomendaciones y propuestas sobre Proyectos de Ley o reformas constitucionales, y sugerir a los organismos públicos competentes la aprobación, modificación o derogación de las normas del ordenamiento jurídico, todo ello con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A tal fin los organismos públicos competentes remitirán al Comité toda iniciativa legislativa que ingrese en el ámbito de competencia del mismo”.
Cabe mencionar que el Proyecto contempla la reforma de los Artículos 2 (pautas para la intervención policial), 3 (comunicaciones durante los operativos) y 7 (negociación con los manifestantes) de la Ley N° 2399-J.
Ante la incertidumbre generada por esta actitud, por parte de los Poderes del Estado, el Comité de Prevención de la Tortura insta a continuar impulsando medidas legislativas y administrativas para una mejor protección de los DDHH, conforme acuerdos suscriptos por la provincia en la Cláusula Pendiente de información ante la Comisión Interamericana de DDHH de la O.E.A por el caso “Juan Ángel Greco”.
