Son los del bloque del Frente de Todos, quienes pidieron este martes a la Corte Suprema de Justicia que haga lugar al pedido de declaración de certeza que formuló la vicepresidenta de la Nación y titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, para dar “validez legal” a eventuales sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia de coronavirus.
En representación del jefe del bloque de senadores del FDT, José Mayans, y de la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti, los abogados Eduardo Wesselhoefft y Jorge Landau formularon esta mañana el pedido ante el máximo tribunal, con el objetivo de que “se despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
En el escrito, al que accedió Télam, los senadores señalan la imposibilidad de sesionar de manera presencial en un contexto en que Argentina y el mundo “se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente el normal funcionamiento de las instituciones”.
Por esa razón, consideran que “resulta indudable” la existencia de “una situación de extrema gravedad institucional”, algo que había sido cuestionado por senadores de la oposición que consideraron que lo que dificulta que el Congreso funcione es la emergencia sanitaria.
Desde el Frente de Todos afirmaron que es “imperiosa e impostergable la necesidad de que el Congreso pueda sesionar” pero remarcan que “no resulta posible” hacerlo “de manera presencial” por los riesgos que implica en medio de la pandemia.
“Debemos encausar el debate parlamentario sin que ello implique que las decisiones que los legisladores pudiéramos tomar nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido”, subrayaron.
El pedido de una declaración de certeza formulado por la vicepresidenta el miércoles pasado motivó el rechazo de la bancada de Cambiemos, que consideró que la cuestión podía resolverse “mediante un acuerdo político” en el propio Congreso.
El máximo tribunal aguarda ahora que se expida el procurador general interino, Eduardo Casal, antes de emitir su resolución, tal cual se lo requirió el viernes último.
En el documento entregado hoy a la Corte, los senadores se sumaron al pedido de Cristina Kirchner, con el argumento de que un importante número de senadores se encuentra en sus provincias y que “una hipotética sesión presencial implicaría el traslado a Buenos Aires, quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio”.
Añaden también que “muchos senadores pertenecen a grupos de riesgo, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial, advierten podría estar plagada de ausencias, lo que alteraría las representaciones políticas”.
“También se debe considerar que una eventual sesión presencial, implicaría el riesgo de que, luego de realizada la misma, los legisladores vuelvan a sus provincias transformados en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones”, indicaron.
Mayans explicó, a modo de ejemplo, que representa a la provincia de Formosa, donde por el momento no hay casos de Covid-19 y que en caso de que participara en una sesión en la ciudad de Buenos Aires, al retornar a su provincia, se transformaría en “un riesgo para la salud pública local”.
Por ese motivo, los senadores consideraron que “el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones” de los legisladores, “es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del Senado en estos días”. Fuente: Telam
