Desde el organismo de DDHH provincial reivindicaron el derecho a reclamar y pidieron el fin de la mano dura. En horas de la mañana del martes 17 de noviembre, “la violencia institucional mostró una vez más su faceta verticalista y selectiva llevando a cabo una brutal represión sobre un movimiento social”, indicaron en un comunicado.
“Desde el Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes repudian la violenta represión sufrida por las y los integrantes de Barrios de Pie, reivindican el Derecho a los legítimos reclamos, requieren la aplicación de la Ley N° 2399-J y poner fin a la mano dura, porque el diálogo, la escucha y la justa medida de acuerdos que hagan posible la convivencia de derechos individuales o colectivos es órbita de la acción política, nunca de la fuerza policial o de seguridad. Instamos al regreso del diálogo político y dejar a un lado las lógicas represivas”, señalaron desde el organismo.
En inmediaciones de la Plaza España, con el Diputado Provincial (MC) Carlos Martínez como referente, el Movimiento “Barrios de Pie” intentó dar inicio a una manifestación pacífica en favor del “Impuesto a las Grandes Fortunas” pero funcionarios policiales de la Dirección General de Abordaje Territorial y el Cuerpo de Operaciones Especiales, bajo la coordinación del Subsecretario de Prevención y Seguridad en Abordaje Territorial Gustavo Olivello, los desalojaron con gases, palos, carro hidrante y policía montada.
Este hecho dejó un saldo de siete personas detenidas y varias heridas, entre ellas la Directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) Patricia Lezcano quien tuvo que ser trasladada al Hospital Julio C. Perrando.
“Olivello minimizó el accionar de la Fuerza de Seguridad tomando como excusa un Fallo judicial, firmado por la Jueza de Garantías María de las mercedes Pereyra, que da lugar a una Medida Cautelar que prohíbe las aglomeraciones en el centro de la ciudad en el marco de la Pandemia de Covid-19”, remarcaron desde el Comité.
El organismo recordó que “ningún Fallo judicial está por encima de Leyes que amparan las manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos, como la Ley N° 2399-J que establece los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” y que determina que son “objetivos fundamentales de los cuerpos policiales y fuerza de seguridad que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas, el respeto y la protección de los derechos de los participantes”, señalaron. “En el cumplimiento de estos objetivos los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad conferirán preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados”. Asimismo, en el Chaco está vigente la aplicación del denominado “Protocolo Garré” o Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad”, concluyeron.
