Este 10 de febrero se cumplen dos años de la muerte de Sebastián Ponce De León, (el “Tucu” como lo conocían en Barranqueras y en especial en el barrio La Loma) ocurrida a raíz de las torturas recibidas durante su detención.
En esta causa el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) se constituyó en querellante luego de que la investigación apuntara a la responsabilidad por parte de personal policial que tenía al joven bajo su custodia, donde el informe del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) determinó, mediante la aplicación del “Protocolo de Minnesota”, que el deceso de Sebastián estuvo directamente relacionado a los politraumatismos padecidos.
El CPT solicitó que se proceda a la imputación por el delito de torturas y aportó el marco normativo para poder fundamentar la acusación.
Asimismo, se advirtió la existencia de diferentes inconsistencias, o falencias, en el accionar del personal de Medicina Legal de Sanidad Policial, en virtud de las cuales se solicitó a la Fiscalía correr vista al Fiscal de turno a fin que se investigue la comisión del delito de Falsedad Ideológica y Encubrimiento.
El Comité de Prevención de la Tortura instó a la intervención la Fiscalía Especial de DDHH.
EL CASO
Sebastián Ponce de León fue detenido el 31 de enero de 2019 en una casa de la localidad de Barranqueras y sometido a torturas. Diez días después, falleció en el Hospital Perrando como consecuencia de los golpes recibidos. El procedimiento, realizado por personal de la Policía de Chaco, generó dudas y sospechas que desencadenaron la investigación.
Para el Comité resulta de suma importancia el litigio estratégico e interdisciplinario en este tipo de hechos de tortura, que resultan sistemáticos y reveladores de prácticas de Violencia Institucional recurrentes en las Fuerzas de Seguridad.
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