El concejal por el Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti, realizó un análisis sobre la grave situación institucional en la que se encuentra inmerso el Municipio de Resistencia y advirtió, nuevamente, sobre irregularidades que siguen aconteciendo en el recinto legislativo.
“Todo lo que parecía un ‘error’ de la gestión, resultó ser parte de una estrategia con la que buscan tener un manejo más concentrado y encubierto de los recursos públicos y del ejercicio de la autoridad; de esa manera hay menor control y sin seguimientos formal ni político”, afirmó Bolatti.
“Es decir que, lo que debería ser legítimo – en línea de la Constitución Provincial, la Carta Orgánica y las leyes – en la realidad no sucede, ya que con el criterio aplicado no se da cumplimiento a la normativa vigente. Esto provoca, no sólo mucho daño a la Institución Municipal, como a la política, sino también a muchas familias que hoy son víctimas de la mezquina y equivocada conducción del Intendente quien cree ser dueño del Municipio, el que temporalmente debe administrar”, remarcó el edil.
Sobre el impedido “Acceso a la Información Pública”
En la última sesión del Concejo quedó más que clara la intención del actual gobierno municipal, de ir cerrando el “acceso a la información pública” de la gestión, como ser: conocer sobre el destino de los recursos; la inversión; las obras; el manejo de Fondos Fiduciarios; la utilización y asignación dada a los mayores recursos recibidos por el régimen de Participación Municipal, que deriva de la recaudación nacional y provincial (que como mínimo acumula un 20% más de lo estimado en el Presupuesto en lo que va del año); entre otras cuestiones.
Pasando en limpio, esto lejos está dentro de la normativa habitual de administración pública, ya que quien autoriza el nivel de gasto o inversión que va a ejecutar un gobierno o, en este caso la Intendencia, es el parlamento o legislatura con la que complementa su existencia institucional. Lo mismo va a pensar si lee la Constitución Provincial, la Carta Orgánica o leyes que rigen al respecto. Del mismo modo, el Ejecutivo está obligado a dar respuestas a los requerimientos que se esgrimen desde el Concejo.
Se va consolidando la concentración de poder en la figura del Intendente
No todas las ordenanzas aprobadas pasaron “el control de legalidad”, por ejemplo, la del llamado “impuestazo” y la del “endeudamiento municipal” (vía veto del Intendente), fueron observadas y declaradas “Inconstitucionales” por la Justicia Provincial, por lo que cesaron en sus efectos legales. “Ambas situaciones nos devolvieron las fuerzas y expectativas de que se iban a resguardar los derechos de las y los ciudadanos. Se podría decir que funcionó el equilibrio “Republicano”, y por ello volvió a garantizarse la equidad entre Poderes – o Departamentos en estos casos – ya que se observaron y juzgaron incumplimientos legales”, señaló el concejal.
“Pero da la impresión de que el mensaje judicial, lejos de generar un cambio o mejora en el ejercicio de la función pública, más bien pareciera que originó una reproducción, promoción o repetición de situaciones idénticas y con el mismo objetivo”, advirtió.
En el cuadro, entre las irregularidades, las denuncias a la Justicia y los fallos, se observa que, por repetición o más bien por cansancio, el Intendente y su equipo de Concejalas y Concejales vienen ganándole al sistema, y también a quienes creemos, valoramos y defendemos las Instituciones, el Estado, y lo público; y que cuando tenemos la oportunidad, tratamos de demostrar que es posible gobernar o ser funcionario en línea con la Constitución y las leyes, valorando y fortaleciendo las Instituciones públicas.
También se puede atisbar algunas de las facultades que fueron delegadas ilegalmente al Intendente desde el Concejo; además de arrogarse poderes de otras Instituciones o Departamentos.
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