El objetivo es mejorar las condiciones de las personas privadas preventivamente de su libertad. Se realizarán reuniones mensuales de la mesa de trabajo.
El gobernador Jorge Capitanich y la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, se reunieron este martes con las autoridades del comité para la Prevención de la Tortura para avanzar en la implementación de la Emergencia Carcelaria declarada por el Ejecutivo provincial y garantizar la asignación de recursos para los diversos objetivos del organismo este año.
“La mayor presencia territorial, el diálogo cooperativo y la ejecución de acciones programadas en base a la transparencia de registros y sistematización de la información permitirá cumplir los desafíos del año 2022”, aseguró el gobernador.
El decreto firmado en enero pasado fue emitido como parte de lo acordado en la mesa de diálogo inter poderes tras haberse alcanzado un récord histórico de personas detenidas en comisarías, llevando los niveles de hacinamiento del 100% al 1.000% en la zona metropolitana.
“Actualmente hay una situación de abuso de medidas cautelares de prisión preventiva que genera sobrepoblación de detenidos en comisarías”, explicó la ministra Zalazar, considerando que existen “otras medidas procesales que se pueden aplicar al respecto para evitarla”, y que son precisamente las que charlaron con el comité.
“Estamos planificando un trabajo conjunto, con reuniones mensuales e intercambio de información que nos permita diagnosticar y luego llevar adelante un plan de contingencia que descomprima las comisarías y mejore las condiciones de los detenidos en ese contexto”, agregó la titular de la cartera de seguridad provincial.
El comité es un organismo autónomo y autárquico. Las autoridades destacaron la importancia de contar con los recursos para poder llevar adelante el mandato y en lo inmediato para abordar la problemática de la sobrepoblación en comisarías.
En ese sentido, la ministra de Seguridad puso en valor las inversiones que está realizando el Gobierno provincial, junto con organismos internacionales, para mejorar la infraestructura de 35 comisarías de la provincia y crear 980 nuevas plazas para el servicio penitenciario. “Esto implicará un mejoramiento en la calidad de detención”, aseguró.
Participaron de la reunión además la subsecretaria de Justicia, Lourdes Polo; el subsecretario de Planificación, Leandro Álvarez; el vicepresidente del Comité, Kevin Nielsen, y los comisionados Silvia Canteros y Darío Gómez.
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