La fiscal federal porteña Paloma Ochoa pidió este viernes que se cite a prestar declaración indagatoria al exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, “arrepentido” del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados.
La representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que sean citados a indagatoria el propio Vandenbroele, condenado a dos años de prisión en suspenso en la causa Ciccone, y al exdirector Nacional del Programa de Protección de Testigos e imputados, Francisco Lagos, según surge del dictamen al que accedió Télam.
De la prueba recolectada surge que los exfuncionarios habrían cometidos los delitos de abuso de autoridad y defraudación a las arcas públicas dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de 2 años contra los 6 meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.
Garavano y Lagos, “a través del dictado de resoluciones de su competencia, que resultaron ser contrarias a la normativa aplicable, destinaron importantes sumas de dinero -por cuya debida aplicación debían velar en razón de su cargo- a una excesiva e injustificada asistencia económica brindada en favor de Alejandro Paul Vandenbroele que redundó en un claro desmedro patrimonial de las arcas del Estado”, sostuvo la fiscal.
Vandenbroele incumplió en reiteradas ocasiones normativas del Programa de protección de testigos
En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de “administración infiel”.
En el dictamen presentado ante el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, la fiscal detalló que a Vandenbroele, “se le brindó asistencia económica por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa”, y detalló que el imputado accedió a pagos en “forma injustificada”, como los 840.000 pesos para un proyecto hotelero, “Posada La Masía”, en Mendoza.
También hubo un desembolso de 200.000 pesos por “honorarios a fin de brindar asistencia jurídico contable para regular la situación impositiva de Vandenbroele por ante la AFIP”, detalló la fiscal.
En el dictamen también se resaltó que el imputado protegido había violado las normas de seguridad del programa que lo asistía y que a pesar de haber tomado conocimiento de eso, se le permitió permanecer en el mismo.
La causa se inició a partir de una publicación periodística del portal de noticias El Destape en la que se detallaban aspectos del legajo personal de Vandenbroele en el programa de protección de testigos. Fuente: Télam
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