La abogada querellante del Ejecutivo chaqueño aclaró que “de ninguna manera estas personas quedarán en libertad, a menos que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, así lo defina, pero desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nos oponemos, como lo hicimos desde un principio”.
El portavoz oficial del Gobierno provincial, Juan Manuel Chapo, mantuvo este lunes su habitual conferencia de prensa junto a la abogada querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Nahir Barud, en la que se ratificó la postura del Gobierno provincial de sostener el pedido de prisión preventiva para los siete imputados del caso Cecilia Strzyzowski.
“Desde la querella del Ejecutivo vamos a continuar sosteniendo la línea que venimos sosteniendo desde un principio, que es que estos siete imputados deben permanecer privados de libertad en la órbita tanto de la Policía de la Provincia como del Servicio Penitenciario”, destacó Barud.
La abogada aclaró que “de ninguna manera estas personas quedarán en libertad, a menos que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, así lo defina, pero desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros nos oponemos, como lo hicimos desde un principio, y como lo hacemos en las 59 querellas que llevamos adelante por casos de violencias por motivos de géneros desde el año 2019”.
Además, Barud adelantó que “que de conformidad con las pruebas hasta ahora, preveemos que es posible que la causa se eleve a juicio en octubre”. El proceso será oral y público bajo la modalidad de juicio por jurados.
Barud contextualizó explicando que, el pasado 4 de Septiembre, la Cámara de Apelaciones fijó audiencia para que el 3 de Octubre, en razón de las agendas del Tribunal, se lleve a cabo una audiencia sobre la prisión domiciliaria de Fabiana González, quien seguirá privada de libertad hasta esa fecha donde el Tribunal resolverá su situación.
Por otra parte, también las defensas de tres de los imputados por encubrimiento plantearon un recurso de casación que fue admitido contra las prisiones preventivas. “Esto significa que el Superior Tribunal de la Provincia del Chaco deberá resolver esta cuestión”, amplió.
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