Los concejales de la Corriente de Expresión Renovada (CER), Guillermo Monzón, Soledad Villagra y Ángel Sánchez, presentaron este miércoles, ante la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano, una denuncia penal contra el intendente de Resistencia, Roy Abelardo Nikisch, por supuesto abuso de poder, violación a los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), violencia y persecución laboral, después de que el Ejecutivo capitalino resolviera la desafectación como personal de planta de 432 agentes municipales.
Esto ocurrió luego de que el pasado 25 de marzo, Nikisch dispuso, por medio de la resolución 661/24, la suspensión de los pases a planta de trabajadores municipales que prestaban servicio y habían percibido seis meses de su salario como empleados estatales de planta permanente, adquiriendo así su estabilidad laboral, obra social y realizando aportes jubilatorios al Insssep.
Por este motivo, los concejales del CER consideran que el jefe comunal es responsable de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, enunciados en el artículo 271 del Código Penal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, agravado en virtud de las situaciones previstas en ello, sin perjuicio de que eventuales medidas de prueba y diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción permitan vincular nuevos autores o partícipes a los ilícitos aquí denunciados.
En la denuncia presentada ante la Justicia los ediles también aseguran que este actuar, por parte del funcionario público denunciado, conduce, necesariamente, al mal funcionamiento del Municipio en todas sus áreas, al colapso, atraso y entorpecimiento de sus funciones, el cual es prestar servicios a la comunidad y, lo que es mucho peor y, fundamentalmente, a la afectación laboral del personal municipal, los cuales ya prestaban servicios antes del pase a planta.
Se denuncian graves delitos penales
Con respecto al encuadre legal, los denunciantes consideran que existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos que enuncia el Código Penal, el cual establece que “el prevaricato es un delito que castiga a quien dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes, o por el mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas” establecidas en el artículo 271 CP, agravándose tales conductas por las previsiones del mismo ordenamiento legal, ello sin perjuicio de que el avance de la investigación permita encuadrar las maniobras ilícitas en otros tipos penales.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la figura penal prevista en la primera de las normas legales citadas reprime resoluciones contrarias a la ley, por lo que esta parte considera que Roy Nikisch, mediante la resolución de fecha 25 de marzo del corriente, incurre en abuso de poder al haber dictado la resolución 665/24 contrariando las ordenanzas 14484 y 14485 del Concejo Deliberante, las cuales han sido aprobadas por unanimidad (once votos, la totalidad de los miembros).
Para los concejales, la jerarquía de las normas estipula que una resolución no puede ser contraria a una ordenanza, ni tampoco puede suspender sus efectos o ser modificada por ese tipo de norma (resolución). Es así que el intendente capitalino realiza abuso de poder al querer imponer, mediante una resolución de Intendencia, la modificación de dos ordenanzas y despedir, mediante ella, a 432 personas, empleados municipales con más de seis meses de estabilidad laboral.
Otro punto importante resaltado por Monzón, Villagra y Sánchez es el difícil contexto financiero que vive la provincia y el país, condenando el acto de abuso de poder y prevaricato que efectuó el intendente de Resistencia al realizar actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, quedando afectada su profesionalidad, confianza y responsabilidad. “Como consecuencia, siempre está penado con la inhabilitación del empleo o cargo público al incumplir su deber de funcionario público”, agregaron.
Por último, los concejales aseguraron que con este accionar el jefe comunal capitalino está ejerciendo funciones ajenas a su competencia, extralimitándose y avanzando ilegalmente sobre el Poder Legislativo Municipal, no respetando la división de poderes, además de realizar actividades políticas partidarias en el ejercicio de sus funciones, haciendo alusión al pase a planta de la anterior gestión, la cual era opositora a su partido político. “El funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta”, concluyeron.
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