A pocas horas de sellarse un acuerdo entre el Gobierno provincial y la Guardia Comunitaria Whasek (que parecía poner fin a un conflicto social que con forma de bomba de tiempo amenazaba con explotar en cualquier momento”, el Comité de Prevención de la Tortura difundió la denuncia del integrante de la Guardia Comunitaria Indígena Whasek, detenido y sometido a torturas y malos tratos luego de haberse presentado a declarar en una causa en la que se encuentra imputado. La bomba de tiempo sigue activada.
“Nuestro organismo recomienda al Estado chaqueño la investigación, revisión y eliminación de prácticas represivas, de malos tratos, torturas, hostigamiento y amenazas por parte de las Fuerzas de Seguridad para resolver cuestiones de carácter social y político”, indicaron desde el organismo de DDHH. “Consideramos necesario aportar elementos a la comprensión de esta compleja situación. Los Pueblos Indígenas son preexistentes a la formación de los Estados y con la conquista de las Américas fueron sometidos, esclavizados, perjudicados y avasallados en sus derechos por cientos de años. Este sometimiento generó desigualdades que hasta el día de hoy subsisten.
LA DENUNCIA
Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) las desigualdades socioeconómicas en las que se encuentran los Pueblos Indígenas se visibilizaron con más claridad y contundencia. La cantidad de denuncias recibidas por el CPT relacionadas con dificultades para poder realizar denuncias en comisarías, hostigamiento, abusos policiales, violaciones de domicilio por parte de las Fuerzas de Seguridad, incluso por apremios y torturas hacia el Pueblo Wichi que habita El Impenetrable, nos alarma. Sobre todo, en cuanto al racismo y discriminación denunciados por las comunidades indígenas, quienes hacen referencia a un problema estructural de pobreza, salud y educación que consideran agravado por la intrusión del narcotráfico en las comunidades originarias.
El lunes 18 de mayo la abogada Carolina Aquino, integrante del Equipo Técnico del CPT, recibió la denuncia de un integrante de la Guardia Comunitaria Indígena Whasek. En la misma, el hombre relata que el martes 12 de mayo fue detenido en Misión Nueva Pompeya cuando se presentó a declarar en la Fiscalía de dicha localidad por una causa en la que se halla imputado.
Fue trasladado a Fuerte Esperanza sin la posibilidad de acceder a un abogado defensor. Allí, según su declaración, fue insultado por el personal policial, despojado de su ropa en una jornada de bajas temperaturas, fotografiado y esposado a la reja durante toda la noche, parado. El jueves aproximadamente a las 1:00 de la madrugada se repitió esta práctica. Por otra parte, no se le dio de comer el martes y el miércoles y fue liberado el viernes por la noche.
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece en su artículo 1° que se entenderá como tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Esta Convención, ratificada por nuestro país, se incorporó con rango Constitucional en el Artículo 75 inciso 22 en la Reforma de 1994. Consideramos que los hechos relatados y denunciados por el integrante de la Guardia entran en el marco tipificado por esta legislación y pueden considerarse hechos de tortura.
La denuncia
Como Comité pusimos en conocimiento a las autoridades, remitiendo la denuncia a la Fiscalía y al Organismo de Control Institucional (O.C.I) y solicitamos la realización de una investigación para el establecimiento de las responsabilidades correspondientes. Como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, pedimos la aplicación del protocolo de Estambul para la investigación de estos hechos. En el mismo se establece que “los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y eficacia las quejas o denuncias de torturas o malos tratos”.
A su vez, entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de las torturas u otros malos tratos considerados en este protocolo están: “a) Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los Estados ante las víctimas y sus familias; b) Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos; c) Facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación”.
Lo enumerado constituye un compromiso asumido por el Estado chaqueño y por el Estado argentino, para erradicar las prácticas y prevenir las torturas. Por último, cabe citar el compromiso que ha asumido el Estado chaqueño en el Caso Juan Angel Greco, expediente 11.804 Solución Amistosa y en acuerdo político con este Comité en marzo de 2020 para trabajar en políticas públicas de erradicación de la Violencia Institucional.
Finalmente, alentamos el diálogo y el acuerdo en pos de procurar la paz social y conciliar las partes que se firmó el día 19 de mayo entre el Estado provincial y la Guardia Comunitaria Indígena Whasek en el Juzgado Federal ubicado en Presidencia Roque Sáenz Peña; y solicitamos la investigación de los hechos de tortura denunciados que hemos acercado a las autoridades pertinentes y expuesto en este comunicado.
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