Góndolas semivacías de agua embotellada en los comercios, protestas en las calles en defensa del recurso y perforaciones de pozos en medio de parques verdes de Montevideo, algunas de las nuevas acciones debido al déficit hídrico.
Góndolas semivacías de agua embotellada en los comercios, protestas en las calles en defensa del recurso y perforaciones de pozos en medio de parques verdes de Montevideo: esas imágenes eran impensadas hasta hace unos meses en Uruguay, que vive una de sus peores crisis hídricas de los últimos 70 años.
Según la empresa estatal del sector, el 23 de junio como fecha de caducidad para el suministro de agua potable para el área metropolitana, donde vive la mayor parte de la población, pero el presidente Luis Lacalle Pou trató de llevar tranquilidad en las últimas horas y aseguró que “el suministro no se va a suspender”.
Por la crisis en las reservas -atribuida a la sequía- el gobierno decidió mezclar el agua dulce con agua del estuario del Río de la Plata y elevar así sus niveles de sodio y de cloruros en el proceso de potabilización.
En las canillas de la ciudad el agua sale y sabe salada. Se terminó aquello de lo incoloro e insípido, repetido hasta el cansancio en las aulas escolares. Y lo que es peor, las sociedades médicas y la Facultad de Medicina alertaron a la población sobre los riesgos para la salud que apareja la salinidad del agua de las canillas, sobre todo a las personas con enfermedades crónicas.
Este viernes la empresa estatal de aguas (OSE) informó que detectó niveles de cloruro y de sodio más altos de lo permitido en una de sus principales líneas de bombeo hacia Montevideo.
Se detectó un valor promedio de 448 miligramos por litro de sodio y 734 miligramos por litro en los cloruros, por encima de lo autorizado por el Ministerio de Salud Pública.
Cruces políticos y protestas
La crisis no ha estado exenta de polémicas políticas, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades.
El opositor Frente Amplio asegura que dejó pronta en su última administración (2014-2020) la financiación de una segunda represa (Proyecto Casupá) para abastecer de agua potable al área metropolitana con un costo de 100 millones de dólares.
Desde el gobierno se desechó esa idea y se planteó una iniciativa privada para extraer agua del Río de la Plata por 258 millones (proyecto Neptuno), que recién comenzaría a construirse el año próximo.
En las últimas horas, la izquierda también presentó una propuesta para solicitar al Poder Ejecutivo la eliminación de impuestos para el agua mineral y sodas embotelladas, “hasta que el agua suministrada por OSE en área metropolitana sea considerada potable por el Ministerio de Salud Pública”.
En tanto, desde la central sindical de trabajadores PIT-CNT se pidió la exoneración de la tarifa de OSE para los sectores vulnerables y “un plan claro y concreto” para escuelas, hospitales y cárceles, además de la intervención en el mercado del agua embotellada. Fuente: Telam
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