Será a pesar de que desde la Coalición Cívica pidieron se limite la iniciativa. El presidente traerá a la Argentina sus ahorros depositados en Bahamas, que alcanzan los 18 millones de pesos, según consignó en la declaración jurada que presentara la semana pasada ante la oficina anticorrupción.
“Ya he dado la orden al administrador de que radique el ahorro que tengo en la Argentina”, confirmó el mandatario, en diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada.
Prat Gay defendió “el esquema abierto”
El ministro de Finanzas defendió el “esquema abierto” del proyecto de ley de blanqueo de capitales del gobierno, que incluye a funcionarios y ex funcionarios, después de que su propio partido, la Coalición Cívica ARI, reclamó ciertos límites.
“El esquema es lo más abierto posible, porque intenta trazar una línea a partir de la cual cambian los tiempos”, afirmó Prat Gay en conferencia de prensa en Madrid.
“Solamente quedan excluidas las personas que están procesadas por una lista de delitos” o “están denunciadas por el AFIP”, pero el resto podrán participar, añadió.
El funcionario precisó que los funcionarios públicos actuales al participar corren un “riesgo político”, ya que “sus declaraciones juradas serán transparentes y públicas.
“Quien aparezca el próximo año con un patrimonio que se multiplicó diez veces y es funcionario público tendrá que explicarlo, y sin lo puede hacer el presidente Macri ya dijo que tomaría las medidas que se tengan que tomar”, remarcó.
En cuanto a los ex funcionarios, se prevé el mismo tratamiento, explicó Prat Gay.
Según indicó, tendrán la obligación de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción durante cinco años subsiguientes. Por lo tanto, “tendrá que aceptar que su declaración sea pública, por lo que le cabe el mismo inconveniente”.
En un comunicado publicado ayer, la Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad”.
Recuerdan que ésta es una postura histórica del partido liderado por Elisa Carrió, que es de carácter innegociable, ya que constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país.
“Hemos anunciado un proyecto de sinceramiento fiscal, y lo que decimos es que hay tiempo hasta enero de este año para regularizar la situación bajo un criterio que es la “última oportunidad”, insistió Prat Gay.
Según destacó el ministro, este proyecto no toma como referencia a otros países, sino que se basa en nuestra propia historia y en las perspectivas de futuro.
“Por primera vez un gobierno puede decir con cierta credibilidad que este es el último blanqueo”, subrayó, para luego explicar que Argentina entrará a formar parte de una red de intercambio automático de información a partir de la cual podrá identificar el dinero oculto que antes no podía identificar.
Prat Gay indicó que en el programa de transparencia y sinceramiento fiscal argentino “hay cuestiones muy distintivas”.
“La primera es que tenemos una tasa impositiva, una penalidad muy alta comparada con cualquier otra experiencia internacional, del 10 % en los primeros meses de vigencia del esquema y del 15% a partir de enero del próximo año”, puntualizó. Fuente: Télam
