El Ministerio de Transporte de la Nación, deberá presentar en un plazo de cinco días la forma de cumplimiento, en lo que respecta a la tarifa, de lo dictaminado en la sentencia judicial de la Cámara Federal de Apelaciones por el aumento en el precio del boleto del servicio de transporte Chaco – Corrientes. Además, deberá realizar en un plazo máximo de un mes y medio la Audiencia Pública correspondiente, según lo acordado entre las partes, en la audiencia judicial que encabezó la jueza Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
A meses de que no se cumpla con el fallo, el defensor del Pueblo de Chaco, Gustavo Corregido, solicitó conocer en una audiencia de carácter plural, la manera en que las autoridades nacionales van a instrumentar el cumplimiento de la sentencia. Para eso, pidió que estén presentes diversos representantes sociales de ambas provincias. Es por ello que además del subsecretario de Transporte Automotor de la Nación, Antonio Cortés, el director de Asuntos Legales y Judiciales del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Serrano, el subsecretario de Transporte de Chaco, Roberto Medina y el secretario de Transporte y Tránsito del Municipio de Corrientes, Gustavo Larrea, también participó el defensor del Pueblo de la Provincia de Corrientes, César Vallejos, el defensor de los Vecinos de la ciudad de Corrientes, Javier Rodríguez; el presidente de la Federación Universitaria del Nordeste, Agustín Sandoval y Marcos Paye, por la agrupación estudiantil MUD de la Facultad de Derecho de la UNNE.
Todas las voces
Corregido apuntó firmemente a que se amplíe la comunicación en este caso: “Entiendo que todos tenemos que tener conocimiento de cómo se va a desarrollar el cumplimiento de la sentencia o el incumplimiento de la misma: somos varios los representantes sociales que debemos estar al tanto de cómo se desarrolla este tipo de audiencias que afecta intereses colectivos de la comunidad regional”, destacó el ombudsman.
“Cuando se realizan este tipo de reuniones, se transmite sólo cuestiones concretas en un acta y de manera acotada, sin embargo el debate allí dentro es intenso. Por eso ahora los actores sociales de ambas provincias tienen conocimiento de cómo defendimos el cumplimiento de la sentencia desde la Defensoría del Pueblo y a la vez ellos también fueron partícipes en la férrea defensa del dictamen judicial”, indicó.
Caber recordar que la sentencia a la que se hace mención corresponde al fallo que emitió la Cámara Federal de Resistencia en relación al recurso de amparo presentado por el defensor del Pueblo chaqueño. El Tribunal de segunda instancia dispuso la inaplicabilidad del instrumento que estableció el aumento de la tarifa en el servicio de Transporte interprovincial que une a Chaco con Corrientes y además ordenó arbitrar los medios para dar participación en la discusión a los usuarios.
Reconocimiento y regulación
Por su parte, el defensor de los Vecinos de Corrientes, Javier Rodríguez, explicó que “la audiencia un primer paso para la licitación para, entre todos, elaborar una primera propuesta y para que el ministerio exponga las tarifas a cumplir y las condiciones necesarias del servicio”.
En este punto se destaca que en la reunión, el funcionario nacional Cortés reconoció que las empresas que prestan el servicio lo hacen “en situación irregular por haber caducado los permisos”. Respecto de la cuestión, manifestó que el Ministerio de Transporte de la Nación está abocado a la regularización del servicio de transporte interjurisdiccional y dijo que en estos casos, no se establecen tarifas de boleto sino que se toma como referencia las fijadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Además, aclaró que se realizaron reuniones con las áreas respectivas para avanzar en la conformación de unidades de gestión locales. Esto fue fuertemente cuestionado por los defensores y representantes sociales, quienes argumentaron que la regularización es necesaria pero no resuelve el cumplimiento de la tarifa.
Por ello los representantes de la ciudadanía exigieron que se cumpla con lo dictaminado por la Cámara Federal y tuvieron el apoyo de la jueza Niremperger, quien determinó que “la regularización no resulta suficiente para cumplir con la sentencia” y brindó un plazo de cinco días hábiles a los funcionarios nacionales para que presenten la forma en que van a cumplir con lo ordenado por la Justicia sobre no aplicar el instrumento que ordenó en 2013 el aumento de la tarifa del boleto interprovincial y a la vez remarcó que deberán llamar a audiencia pública para discutir el cuadro tarifario en un plazo no mayor a un mes y medio a partir del 6 de septiembre.
