Conocida la sentencia que obliga al Gobierno provincial a poner a disposición de la población una flota de colectivos al que puedan acceder las personas con discapacidad, como defensor del Pueblo lamento tener que recurrir a la justicia para que un juez ordene a nuestros funcionarios que cumplan con la ley, como ya lo hizo con el municipio de Resistencia.
Existe una ley clara e inclusiva, la de Sistema de protección integral a la discapacidad, a la que la provincia adhiere por la Ley 4015, que establece la eliminación de las barreras de accesibilidad en el transporte, pero nunca se cumplió y esas barreras siguen separando a los discapacitados del resto de la sociedad.
Sin el acceso al transporte público, las personas con discapacidad o movilidad reducida deben apelar al remís y no lo pueden pagar, ya que estamos hablando de las personas más vulnerables económicamente.
En consecuencia, el Estado impide a los discapacitados el acceso a su salud pública, a su vida social, cultural, económica y académica, quedando marginados en sus casas sin ninguna posibilidad de desarrollo personal.
Es un derecho que no se está respetando.
Si cumplieran con estos fallos judiciales, el municipio y la provincia cumplirían con los derechos de las personas con discapacidad en los hechos y no en los discursos.
Por Gustavo Corregido, defensor del Pueblo
