La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich derogó una serie de pautas que regían a las fuerzas de seguridad, entre ellas aplicar tácticas de defensa corporal, esgrimir armas sin disparar o hacerlo solo luego de que el agresor disparara, para poder implementar la nueva reglamentación para empleo de armas de fuego de las fuerzas federales, informaron hoy fuentes de la cartera.
También “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad” o “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
En el caso de la Gendarmería Nacional, la norma anterior exigía que, para abrir fuego, los efectivos tenían que esperar a que les dispararan primero y antes de extraer sus armas de fuego, debían utilizar la disuasión y graduar el empleo de la fuerza.
“Ante un enfrentamiento debían usar la fuerza física natural; luego aplicar conocimientos defensivos como el judo; manipular agresivos químicos no letales, proyectiles de goma; y, por último, podían esgrimir sus armas, pero sin disparar, solo con fines intimidatorios”, explicaron fuentes de la cartera.
El lunes, mediante la publicación de la resolución 956/2018 en el Boletín Oficial, entró en vigencia nueva reglamentación para que las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas letales, que avala a los efectivos a disparar a sospechosos de delitos aun cuando posean réplicas de armas, huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.
La ministra Bullrich aseguró que el nuevo reglamento “va a generar confianza en la defensa de la sociedad” y cambia la antigua doctrina de que los policías “tenían que esperar que el delincuente tire primero” para poder repeler una agresión.
La normativa dispone que el uso de armas letales es válido por parte de las fuerzas federales de seguridad en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.
Denuncia por abuso de autoridad
El ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski y el ex subsecretario de Derechos Humanos Luis Alén, denunciaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto “abuso de autoridad”, a raíz del nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad federales.
La denuncia por presunto “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” quedó a cargo de la jueza federal María Servini, según el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.
“Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvieron los denunciantes en el texto.
La Constitución Nacional “prohíbe la pena de muerte” y además “prohíbe a cualquiera que no sea el Congreso legislar en materia penal”, señalaron.
“Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad”, concluyeron. Fuente: Telam
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